Con la intensa presión que ejercen organizaciones internacionales comprometidas con el medio ambiente, como Greenpeace, para que potencias mundiales no viertan sus desechos tóxicos, industriales y radioactivos en las aguas de los mares, ríos y lagos, no es de extrañarse que estas puedan buscar países tercermundistas, como el nuestro, para convertirlos en depósitos de estos materiales.
Derechos Humanos debería conformar una comisión permanente, encabezada por el mismísimo Procurador, para verificar constantemente que las excavaciones que las minerías y otras empresas análogas que cuentan con la venia de los gobiernos, no le entren a este jugoso pero peligroso negocio, puesto que sabemos perfectamente que nuestro país no es catalogado como rico en minerales preciosos.
¡Evitemos una tragedia!
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