Otorgar la dimensión de derecho a la comunicación tiene un sentido profundamente democrático, ya que favorece la construcción de ciudadanía; significa interactuar social y políticamente, porque a través de ella es posible informar, compartir saberes y conocimientos, encontrar diferencias y convergencias, articular propuestas de cambio, tomar decisiones más certeras…
Los procesos de comunicación son colectivos, de doble vía, para el establecimiento de diálogos, los cuales tienen lugar en todas las relaciones humanas, atraviesan todos los espacios privados y públicos. Tienen especial proyección hacia la esfera mediática, y por tanto, a la opinión pública, porque pueden modificar conductas y generar transformaciones culturales.
Al reconocer a la comunicación como derecho, las expresiones organizadas de la sociedad civil darían mayor importancia a desarrollar estrategias comunicacionales, como una herramienta para potenciar su actuación y dar fuerza a sus demandas concretas y planteamientos políticos.
Otro elemento a tomar en cuenta es la errónea tendencia a identificar al público receptor de los medios de comunicación como consumidores y no como ciudadanos. Ello trae consigo implícitamente desigualdades en el acceso a la información, al conocimiento y a la libertad de expresión, en virtud de que sólo con dinero se garantizan las oportunidades para informarse, adquirir conocimientos y comunicarse.
Defender la condición de ciudadana/ciudadano es muy importante, porque ello se traduce en respaldar la igualdad, una voz, una opinión, un sujeto de derechos, alguien quien avala el orden establecido o lo critica e incluso reivindica transformaciones, independientemente de cuál sea su sexo, su procedencia étnica, su edad o su situación económica.
Durante el III Foro Social Américas, que concluirá el próximo domingo, en varias actividades se habló de otorgar una perspectiva más amplia a la comunicación en todos los países del continente, reconocerla como una acción que se vincula a otras estrategias sociales, tales como las movilizaciones, la formación política, las negociaciones y alianzas.
A través de la Red por el Derecho a las Comunicación en Guatemala se convocó a construir sujetos políticos que promuevan el ejercicio de la comunicación como derecho, mediante estrategias que tengan en perspectiva superar la marginalidad. Este propósito también pasa por la convergencia de esfuerzos en los que se involucren medios, periodistas, universidades, movimientos sociales, así como la construcción de una agenda que incluya una discusión que aborde la concentración de los medios en Guatemala, y las consecuencias que ésta tiene para la vigencia de las libertades ciudadanas, con miras a favorecer la democratización del espacio público.
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