Mientras Guatemala afronta el indetenible ataque de la criminalidad, la Corte Suprema de Justicia haría bien en evitar exhibirse ante la opinión pública, presa de un perjudicial divisionismo entre sus 13 magistrados, con motivo de la elección del nuevo presidente de la CSJ y del Organismo Judicial.
La falta de consenso, surgida en los últimos años en el máximo tribunal, emergió desde que la Constitución Política de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985, estableció que el presidente de la CSJ dura en sus funciones solamente un año, y no podrá ser reelecto. Pues este obligado cambio presidencial anual, parece originar cierta rivalidad entre los magistrados, atendiendo a sus propios puntos de vista, simpatías y hasta intereses políticos.
Guatemala atraviesa actualmente una de sus peores crisis en la aplicación de la ley. La población ha perdido la confianza en muchos de los tribunales y, existe la percepción casi generalizada, tanto nacional como internacionalmente, de que no hay justicia en el país. En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia ha evidenciado un indeseable divisionismo entre sus trece magistrados, al fracasar reiteradamente en definir a su nuevo presidente. Este año, tan alto tribunal realizó múltiples jornadas de votaciones, sin lograr elegir al sucesor del magistrado Óscar Vásquez, para el próximo año. El nuevo presidente deberá tomar posesión del cargo el próximo lunes, 13 de octubre.
Para nadie es un secreto el desorden que priva en los órganos jurisdiccionales, pues hasta ahora, no se han concretado los avances necesarios en su depuración y profesionalización. La inefectividad de los tribunales ha convertido a Guatemala en un país sin ley, donde las bandas de delincuentes gozan de la mayor impunidad. La falta de castigo a los malhechores da lugar a que algunos sectores de la población practiquen su “propia justicia”, por medio de ejecuciones y linchamientos que, en vez de contribuir a la construcción de un clima de seguridad, incrementan aún más la ilegalidad.
Los magistrados del más significado tribunal, entre quienes figuran reconocidos estudiosos y tratadistas del Derecho, autores de textos universitarios fundamentales, deben estar por encima de debilidades y divergencias, que los distraen en el ejercicio de sus altas responsabilidades e inciden en mantener el empantanamiento de, tan trascendental, como olvidado, poder del Estado.
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