Vivir en la frontera

Las fronteras guatemaltecas son espacios liminales, contradictorios, que suelen sustraerse al alcance de la ley y de las normas sociales convencionales, en donde se desarrolla una cultura muy divergente del conjunto nacional. La mano del Estado adquiere en esas zonas la consistencia de un ectoplasma, cuyos contornos se adivinan pero de cuyas amenazas no se esperan consecuencias.

En tiempos recientes, por más esfuerzos que se hacen para hacer del Estado una organización con presencia real, hemos visto cómo ha ido disminuyendo paulatinamente el espacio sobre el que en verdad impera. En el mismo centro de donde se supone emana su autoridad, la capital del país, el Estado debe negociar continuamente el control del territorio que teóricamente le corresponde, y con el agravante que dentro del mismo centro hay espacios que se dan por perdidos. Esa es la impresión, por ejemplo, que se obtiene al ver los obstáculos de concreto que cercan el barrio de El Gallito, en la zona 3 capitalina, y también surge al escuchar las conversaciones en las paradas de autobuses, en las que los usuarios intercambian impresiones sobre los asaltos que han presenciado o de los que han sido ellos mismos víctimas en el interior de las unidades del transporte colectivo.

La impotencia del Estado se ha hecho evidente por décadas en el sistema carcelario. En vez de ser estos centros lugares de castigo o de rehabilitación –según sea el criterio de quienes los analicen– funcionan como reductos concentradores de la delincuencia. Sus muros y su personal, en vez de ser instrumentos protectores de la sociedad, son elementos que sustraen del dominio del Estado y de la vindicta social a sus internos. Es otra zona, ubicada justo en el núcleo del poder represivo del Estado, sobre la cual éste carece de poder o para ejercerlo, debe negociarlo.

La captura en México el domingo de 15 personas presuntamente integrantes del cártel de Cali y socias del cártel del Golfo puede no tener relación obvia con la muerte, ese mismo día, de Lucila Martínez Zúñiga, Antonieta Hernández Cortés, rectora y celadora respectivamente del Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa. Sin embargo ambos hechos constituyen eventos que los servicios de inteligencia y análisis estratégico nacionales deben tomar en consideración para anticipar un mayor deterioro de las posibilidades preventivas y represivas del estado. En la medida en que México tiene éxito en combatir a los cárteles del narcotráfico en su territorio y en la medida en que el Estado de Guatemala es incapaz de recuperar el monopolio de la fuerza legítima, y no puede proteger a sus agentes ni a los ciudadanos, en esa medida nos convertimos en territorio de frontera para el crimen organizado. Ya lo dijo el subsecretario de Estado de EE.UU. a principios de junio de este año, durante su visita al país: Guatemala es la última frontera en la lucha contra el narcotráfico.

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