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Johan Ordóñez
carlos castresana participó ayer en una actividad de derechos humanos.
La existencia de una gran cantidad de armas ilegales en el país incide en los índices de criminalidad, asegura Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
A juicio del experto, es urgente la regularización del armamento que circula en Guatemala en la actualidad, pues el número es mayor al que existía en tiempo del conflicto armado.
Cálculos realizados por el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) apuntan que en el país circulan ilegalmente alrededor de 800 mil armas. Carmen Rosa de León Escribano, directora de esa entidad, explica que este no es un dato real sino un estimado en base a los decomisos que realiza la Policía Nacional Civil (PNC).
“Lo que sucede es que hay muchos intereses comerciales que impiden aprobar la Ley de Armas y Municiones que se discute en el Congreso”, apunta, al indicar que algunos legisladores pretenden dejar fuera el delito de tráfico ilícito de armas.
Se incrementan homicidios
Castresana indicó que en las últimas administraciones ha existido un incremento de asesinatos en el país. Al finalizar la administración de Álvaro Arzú se reportaron 12 mil; concluida la de Alfonso Portillo, 14 mil; y al terminar el mandato de Óscar Berger, 21 mil personas muertas violentamente. “Estas son cifras oficiales que hemos recolectado, pues nosotros (la CICIG) no generamos estadísticas”.
Cifras del Inacif dan cuenta que de los 3 mil 621 asesinatos cometidos en territorio nacional entre enero y el 6 de octubre, 3 mil 298 fueron perpetrados con arma de fuego, lo que representa el 91 por ciento de los casos.
Alejandro Rodríguez, secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), indica que la circulación de armas ilegales dificulta la persecución penal que realiza esa institución. “Los hechos delictivos se cometen con armas ilegales, y no tenemos forma de realizar comparaciones balísticas”, declara.
Resalta la necesidad de aprobar una ley que regule la existencia de agentes privados de seguridad, para evitar que tanto estos como sus empleadores cometan abusos. “Actualmente existen 100 mil agentes privados y sólo 18 mil de la Policía Nacional Civil”, señala.
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