De acuerdo con penalistas, pese a la restricción que otorga el tratado de extradición entre Guatemala y México, al ex presidente se le puede juzgar por más casos de corrupción, en donde aparezca el delito de peculado.
Por: Equipo de Investigación
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El 7 de octubre pasado, millones de guatemaltecos quedaron sorprendidos cuando el ex presidente Alfonso Portillo apareció frente a las cámaras, extraditado en territorio guatemalteco. Más aún, cuando recobró su libertad. Su extradición desde México no sólo causó sorpresa, sino también dudas. La guinda al pastel fue la resolución del juez, Julio Jerónimo Xitumul, al otorgar una medida sustitutiva con la cual el ex mandatario pagó una fianza de Q1 millón, con dos cheques preparados en días anteriores para recobrar su libertad, aunque quedó, ligado a proceso penal. El tratado de extradición, firmado por Guatemala y México, en el Artículo 15 en su literal “C” establece que para juzgar a una persona por otros casos basta con solicitarlo por medio de la Cancillería guatemalteca, y justificar las razones a la Procuraduría General de la República de México. Eso deja la puerta abierta para procesar al ex mandatario. A Portillo se le señala de haber autorizado el traslado de Q120 millones del Ministerio de la Defensa (Mindef), de los cuales Q30 millones fueron transferidos a José Armando Llort Quiteño, en 2001, cuando presidía el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Por este delito fue acusado formalmente por el Ministerio Público (MP), que en 2005 solicitó la extradición de Portillo desde el vecino país, donde vivió por espacio de tres años. El Gobierno mexicano basó el proceso de extradición por el delito de peculado y según expertos penalistas, pese a varias restricciones que otorga el tratado de extradición entre ambos países, aseguran que se le puede juzgar en más procesos penales, siempre y cuando aparezca el delito de peculado. Esto daría un nuevo giro al caso, pues se podrían sumar por lo menos 20 casos que se encuentran en tribunales. En los archivos del OJ se determinó que el ex mandatario cuenta con 7 procesos pendientes en el ramo civil y 13 en el ramo penal. De los procesos legales, dentro de la rama penal, que Portillo tiene abiertos en su contra, 10 están en el archivo provisional del Organismo Judicial (OJ). Según archivos de esa institución, “los casos no se encuentran cerrados, estos se activan si alguna de las partes involucradas en los mismos les dan movimiento de nuevo”. La abogada penalista, Lea de León, aseguró que es factible procesar al ex mandatario por otros casos que este tiene pendientes de resolver en el país y donde también se tipifica ese delito. De León asegura que ello no debería ser un obstáculo, “si bien es cierto que a Portillo se le extraditó para juzgarle por peculado, el tratado de extradición entre México y Guatemala no determina si las autoridades del país solicitante, en este caso Guatemala, pueden continuar con los procesos abiertos en contra del extraditado”, resalta. “Además, debemos recordar que la ley no es retroactiva y se está invocando un tratado que entró en vigencia en 2005, para solicitar un proceso de extradición por un delito que se cometió en años anteriores”, aseguró la penalista. Para el presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Mario Fuentes Destarac, la Fiscalía contra la Corrupción puede, sin ningún obstáculo, solicitar a la Procuraduría General de la República de México la autorización para juzgar a Portillo por otros delitos, siempre y cuando lo haga por la vía diplomática, es decir, por medio de la Cancillería. “La literal “c” del Artículo 15 del Tratado de Extradición es clara al establecer la posibilidad de juzgar al ex mandatario por más procesos penales”. Procesos estancadosEn los archivos del OJ se determinó que el ex mandatario cuenta con 7 procesos pendientes en el ramo civil y 13 en el ramo penal.Dentro los procesos contra Portillo, en el ramo civil, se encuentran las denuncias que Karen Fisher, ex fiscal contra la Corrupción durante el gobierno de Portillo, interpuso y que aún se encuentran pendientes de resolver en forma definitiva. “La fiscalía tiene la obligación de continuar con los procesos que el señor Portillo tiene pendientes, el tratado no impide que los procesos penales abiertos que el extraditado tiene sin resolver en su país continúen después de juzgarlo por el delito por el que fue reclamado, que en este caso es el de peculado”, comentó Fisher. Las denuncias, con fecha 1 de agosto de 2005, acusan a Portillo de los delitos de uso de documentos falsificados, uso público de nombre supuesto, uso ilegítimo de documentos e identidad, cohecho pasivo, abuso de autoridad, peculado, apropiación y retención indebida, hurto agravado y lavado de dinero u otros activos. Los expedientes se identifican con los números 8912005, 4132006, 48472006, 14642006, conocidos por las salas Tercera y Novena de Primera Instancia Civil del OJ. Estos se encuentran unidos a los expedientes de los recursos de apelación presentados por la defensa de Portillo, que se identifican con los números 852006, 482007 y 3172008. Esas acciones buscan dejar sin efecto las demandas civiles en su contra, en las salas Primera y Segunda de Apelaciones de la CSJ. “Debido a que en muchas de las demandas que Portillo tiene sin resolver se tipifica el delito de peculado, la justicia guatemalteca debe resolver los casos”, comentó De León. La mayoría de casos los conoce el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, de los cuales 11 se encuentran en el archivo provisional del OJ y el último se encuentra desestimado. |
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