La democracia amenazada

A partir del fin de la denominada guerra fría y de la confrontación este–oeste en las postrimerías de la década de los años ochenta se abrió un nuevo capítulo en la historia política de la región. Atrás quedaron los enfrentamientos ideológicos y las cruentas luchas intestinas de liberación que por décadas afectaron profundamente a muchos de nuestros países y que dejaron una tremenda cauda de destrucción, muerte y polarización. Afortunadamente los procesos de paz y reconciliación, y la apertura política generalizada que se dio en el continente, propiciaron un cambio gradual y positivo que permitió transitar de los gobiernos militares y autoritarios a regímenes representativos y abrir amplios espacios de participación popular, que propiciaron las condiciones para el restablecimiento de la democracia como sistema de gobierno a través de elecciones libres, limpias y transparentes. Los nuevos gobiernos surgidos de la voluntad popular se dieron entonces a la tarea de impulsar el desarrollo y de fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de derecho. De aquellos años de principios de los noventa a estas fechas las cosas han cambiado en muchos aspectos y nuestros países enfrentan hoy otros desafíos y amenazas que ponen en peligro la gobernabilidad democrática. Y por ello es necesario referirse al tema de la seguridad como factor esencial para el resguardo de la democracia genuina y funcional, y no sólo de la formal. En este contexto debo señalar que los índices de violencia en la región, sobre todo en Centroamérica son de los más altos a nivel mundial. Así lo indica el informe del PNUD que afirma que en varios de nuestros países:
Guatemala, El Salvador, Colombia, Honduras, Venezuela, México entre otros, el número de homicidios anuales por 100 mil habitantes oscilan entre 40 y 70, que ciertamente son cifras sumamente elevadas. ¿Pero de dónde viene esta violencia inusitada y cuál es la causa? ¿Por qué los gobiernos en la mayoría de los casos encuentran serias dificultades para detenerla? ¿Qué poder o poderes están detrás de la misma? ¿Y con qué recursos cuentan esos factores de poder paralelo al del Estado? ¿Cómo se afecta la gobernabilidad democrática y al régimen de legalidad? ¿Qué se puede hacer para revertir estas tendencias? ¿Y podríamos hacernos más preguntas como cuando comenzó este proceso de deterioro institucional? ¿Por qué todavía no se reconoce y admite la dimensión y la gravedad del problema? Intentar explicaciones simplistas o dar respuestas superficiales no conduce a ninguna parte. Hay que partir de la premisa de que estos problemas no sólo son reales y muy complejos sino que amenazan la existencia misma del Estado y del sistema democrático. Considero entonces que hay que enumerarlos y explicarlos para así comprenderlos mejor y estar en condiciones de hacer ciertas reflexiones para intentar sugerir líneas de pensamiento y acción que puedan eventualmente aliviar o solucionar los problemas. Las maras o pandillas juveniles han crecido y se han extendido en la subregión centroamericana en forma más que alarmante. En los últimos 15 años se han fortalecido no sólo en los centros urbanos importantes sino también en el interior –áreas rurales– de nuestros países. Son disciplinadas y selectivas. Se nutren de los jóvenes sin oportunidades y sin trabajo que provienen de hogares desarticulados con índices de pobreza extrema. Encuentran en las pandillas un refugio y una motivación y los ritos de iniciación que incluyen acciones de sangre los comprometen plenamente. Jóvenes sin valores y principios aprenden a despreciar la vida humana y están dispuestos a cometer cualquier crimen a cambio de una buena paga. Son obedientes con sus jefes que constantemente los ponen a prueba y les ordenan cometer atrocidades para asegurar así su lealtad. Las pandillas extorsionan, secuestran, ejercen violencia de género contra las mujeres y asesinan indiscriminadamente sin ningún escrúpulo. Pero sobre todo son los peones en la distribución de droga y los sicarios de los narcos quienes les retribuyen bien. En muchas comunidades de hecho mantienen a la población como rehén por la falta de presencia de la autoridad local, aunque en los últimos tiempos la gente ha empezado a organizarse para hacerles frente. Según algunos estimados –quizá exagerados– el número de los pandilleros asciende a casi 300 mil en los países centroamericanos, México y EE.UU. Es decir un verdadero ejército. Están globalizadas y manejan amplios recursos. Posiblemente las deportaciones cada vez más numerosas desde EE.UU. de decenas de miles de indocumentados cada año contribuyen a aumentar los niveles de la criminalidad en la subregión. Los jóvenes deportados que pertenecen a esas pandillas se quedan un tiempo delinquiendo y se hacen de recursos suficientes para retomar el camino al norte. Pero el enemigo más peligroso de la democracia y de la gobernabilidad es el narcotráfico que durante un cuarto de siglo ha crecido en proporciones inimaginables ante la indiferencia o la complacencia de los gobiernos y de algunos sectores de la sociedad civil. Lo sucedido en Colombia debía despertar la conciencia de toda la región. Ahí se combinó el narcotráfico y la guerrilla y las consecuencias fueron devastadoras. Hoy Colombia empieza a salir de esa crisis que dura ya 30 años y va progresando gracias a la conciencia de la población y a la determinación de su Gobierno. En el caso de México a pesar de la voluntad política del gobierno de Felipe Calderón la lucha es cuesta arriba. La ofensiva del Ejército, de la PGN y de los cuerpos de seguridad contra los cárteles de la droga avanza muy lentamente y constantemente encuentra resistencia poderosa. Durante décadas las autoridades fueron negligentes o convivieron con el problema y lo que es más grave se dejaron infiltrar y sobornar.
Las cantidades de dinero que se mueven con el narco y el crimen organizado son inconmensurables y las autoridades federales, estatales y municipales así como el poder judicial y otros sectores de la sociedad civil se dejaron permear e incluso cooptar en gran medida. De hecho hay una guerra declarada en la que aún no se puede anticipar su resultado.
Los cárteles de la droga están presentes en todo el territorio mexicano y a pesar que se enfrentan con fiereza entre sí para mantener sus territorios y mercados y para expandirse, tienen la capacidad de golpear constantemente a las fuerzas de seguridad del Gobierno.