La democracia amenazada

Lo que pasa en México  está sucediendo también en Guatemala y en otros países de la subregión, y aún así parece que no despertamos. El narco financia campañas electorales con gran generosidad y cuenta con el agradecimiento de gobernadores, diputados, alcaldes y hasta de algún presidente. Frecuentemente sugiere (impone) determinados candidatos a los partidos que financia y así obtiene presencia de su propia gente a nivel municipal y del Organismo Legislativo; a ciertos jueces y magistrados también los atrae a su órbita y los convierte en instrumento de sus intereses. En verdad el problema es muy serio porque de hecho su poder define situaciones sin que las autoridades puedan reaccionar con eficiencia. El Plan Colombia ha tenido un relativo éxito y la Iniciativa Mérida, aunque modesta, es un primer paso en la dirección correcta para apoyar a México y Centro América en esta lucha desigual. Pero como el problema es de una gran magnitud se requiere de un esfuerzo concertado y coordinado a nivel internacional. En estas circunstancias la solidaridad  internacional se impone. Los EE.UU., que representan y constituyen un inmenso mercado de consumo de la droga, tienen la responsabilidad de dar cooperación y respaldo suficiente a la región para combatir este flagelo.

¿Cómo pueden contribuir para hacer frente a este problema? En primer lugar mantener e incrementar la atención debida y priorizar las acciones de prevención y combate a la narcoactividad. Pensar que con un muro entre México y EE.UU. resuelven el problema de la migración ilegal y del trasiego de la droga es, en nuestro criterio, una política equivocada o acaso ingenua. Sería más apropiado aumentar los controles con alta tecnología en los puestos fronterizos para disminuir  el ingreso de droga. Esta fluye diariamente por las ciudades fronterizas mexicanas, como Nuevo Laredo, Tijuana, Juárez, etcétera, donde  las aduanas  no tienen la capacidad para registrar a todos los vehículos que circulan. Se trata de un tráfico de decenas de miles de transportes diarios y lo que es igualmente grave tampoco controlan a la inversa  el ingreso de armas a México para uso de los narcos. ¿Significa entonces que estamos perdiendo la batalla? No necesariamente, pero se debe implementar nuevas y creativas estrategias, y sobre todo es imprescindible la voluntad política de los gobernantes para actuar con decisión. Hay que recuperar la población local que es cómplice activa –por prebendas o dinero– o cómplice pasiva por temor o indiferencia. Una estrategia integral preventiva y políticas consistentes para desmantelar las organizaciones criminales se hacen necesarias. En este campo los expertos y los conocedores a fondo del tema tienen la palabra. La improvisación o las medidas aisladas no van a tener ningún éxito. El panorama es complicado, porque paralelamente florece el contrabando de bienes y personas que es también  un negocio muy lucrativo y que comparte rutas con los narcos. La corrupción, la falta de transparencia y la impunidad son las mejores aliadas del crimen organizado. Podríamos seguir describiendo estos y otros problemas de violencia e inseguridad que aquejan a nuestras sociedades y amenazan a la democracia, pero el espacio es limitado. Quiero terminar diciendo que todos los sectores tienen una responsabilidad compartida y que la sociedad civil debe involucrarse y contribuir a la solución de este problema. No es nada fácil, pero hay que empezar creando conciencia del problema: la realización de foros y seminarios informativos a todo nivel podría coadyuvar para que la población comprenda la gravedad del problema, pero lo más importante a estas alturas es que el Gobierno asuma a plenitud la responsabilidad que le corresponde y que de una actitud pasiva pase a una acción activa. Es necesario entonces no sólo reforzar la seguridad pública interna, sino impulsar una mejor coordinación regional. Un gran pacto nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad debe propiciarse, pero no imponerse por el sector oficial, más bien consensuarse. Hay que empezar a considerar la posibilidad de reformas a nuestra constitución política y actualizar nuestro ordenamiento legal. A nivel internacional es de esperar un enfoque realista y proactivo, y por ello la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en Trinidad y Tobago a principios del año entrante, no puede ni debe soslayar este tema.

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