El tiro de gracia

Lamento iniciar el año señalando aspectos del quehacer ciudadano que están fundiendo al país y a sus instituciones, y que más allá de la crisis económica mundial que efectivamente puede abrir oportunidades para los guatemaltecos, perfila una descomposición creciente del sistema y de la sociedad, en un acomodo perverso de actores públicos y privados.

Gradualmente, el pragmatismo más extremo reflejado en la expresión de que “si no puedes vencerlos únete a ellos”, ha permeado las distintas esferas de las principales fuerzas del país. 

Me refiero por supuesto al deterioro acelerado de la honradez, en el que ya no se descarta ningún contacto con los poderosos (en sentido amplio), por podridos que sean, si con ello se va a facilitar el enriquecimiento personal.

La corriente se ha agravado por el relajamiento de las instituciones y de la autoridad, que ajena a la mística del servicio en el Estado y al sano criterio de que los principios no se negocian, ha vuelto práctica común el intercambio de beneficios personales en detrimento del bienestar general. 

 Ha pasado de moda el perfil idóneo en el que debían encajar los dirigentes políticos y los funcionarios de Estado en un requerimiento que necesariamente debiera ir más allá del clásico eufemismo de “reconocida honorabilidad” que establece nuestra  legislación.

Pero el tiro de gracia lo están dando sectores de la población que han optado por la comodidad de cerrar los ojos a la descomposición y dar el visto bueno a las alianzas con el diablo y el desprecio a los valores que otrora se consideraban virtudes. 

Y es que la honorabilidad ha pasado a formar parte del catálogo de valores perdidos y de épocas en las que, cuando no funcionaba el sistema de justicia, la sanción moral se ponía de manifiesto con el repudio al funcionario que violentaba la confianza ciudadana o el particular que traicionaba a su amigo o su comunidad.

Hoy en día cualquier persona que logra acumular un jugoso capital, sin consideración al cómo y con quién se asocia, pasa a ocupar un espacio privilegiado que le coloca por encima de la ley.   Rara vez se cuestiona o se castigan actos que dañan a terceros aún cuando ese daño se multiplique y contribuya al deterioro del país.  Se incumplen contratos, se falta a la palabra prometida, se burla la ley y se retuerce el significado de la decencia al justificarse el pago de “comisiones” y maniobrar los contratos de obras y servicios públicos a favor de familiares y protegidos.

Comentarios sobre penosas alianzas se confirman ante evidencias publicadas por los equipos de investigación periodística pero que obviamente solo alcanza algunos casos muy destacados de corruptela. 

El desempeño y la “listura” para hacer negocios a conveniencia no para mientes en la integridad de los copartícipes siendo cada vez más frecuente escuchar de algún proyecto o megaproyecto en el que participan reconocidos capos del crimen organizado. 

Todo lo anterior nos pone ante una realidad que resulta deprimente por la impotencia de revertirla desde el “sin poder” del ciudadano común.  Esas alianzas están conduciendo rápidamente a la instalación de un narcoestado en el que la ley es solo papel impreso y la ética solo un insumo útil para el discurso; es el impulso a la corriente de aguas negras que arrastra sin consideración los principios y valores que sustentan una sociedad civilizada dándole finalmente el tiro de gracia.      

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