Cacif y cooperativistas

Tenía 19 años y laboraba en el Banco Industrial cuando gané el examen de oposición e ingresé a la Superintendencia de Bancos. Esta institución aún supervisaba las cooperativas de ahorro y crédito, conociendo este movimiento económico y social alternativo. La primera experiencia cooperativa, de consumo, surgió en Inglaterra, en 1844, con la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale. En 1902, llegó a México y luego fue desarrollándose, con luces y sombras, en el resto del hemisferio.

El cooperativismo vino a Guatemala en 1903, pero no fue sino hasta 1978 que se crearon el Instituto Nacional de Cooperativas y la Inspección General de Cooperativas. Hoy, parte de estas cooperativas conforman el Sistema Cooperativo Federado de Ahorro y Crédito (Micoope), integrante del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito.

El movimiento se basa, en teoría, más o menos, en siete principios: adhesión libre y voluntaria; administración democrática (un voto por asociado); distribución de excedentes en proporción a las operaciones realizadas por cada asociado; responsabilidad limitada al capital; neutralidad política y religiosa; educación, formación e información; e interés por la comunidad.

Hoy, en un proceso rebatido por unos y aplaudido por otros, este movimiento ha desplazado al Cacif, en la representación del sector privado empresarial ante la Junta Monetaria (JM), órgano rector de las políticas monetaria y de supervisión financiera. Reconozco el conocimiento y experiencia de los designados tanto por  el Cacif como por los cooperativistas, pero el asunto trasciende a las personas.

Aunque nunca me ha convencido la integración corporativista de la JM, establecida a nivel constitucional (monumento al juego de intereses sectoriales) y único caso a nivel mundial, debo reconocer que la presencia del Congreso de la República, la Usac, el Cacif y los banqueros privados, además del Presidente del Banguat y tres ministros del Gobierno de turno, ha logrado un equilibrio razonable en las decisiones adoptadas. Ante esta composición, hablar de independencia y autonomía es muy relativo, pero sí ha habido equilibrio y, en general, prudencia.

Ahora la Corte resolverá el diferendo planteado, tomando en cuenta que las cooperativas actúan bajo un régimen constitucional y legal diferente al de la gran cantidad de empresas asociadas al Cacif. Es un tema estrictamente legal. Naturalmente, ambos son grupos de presión y sus designados responden primordialmente a intereses gremiales, que no siempre son congruentes con los mejores intereses nacionales, aunque ambos grupos representen sectores relevantes.

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