Negocio redondo

Si usted y yo somos de los que todavía creemos que las malversaciones millonarias de los fondos públicos, el cohecho y la venalidad son delitos que deben merecer penas de encarcelamiento, que escarmienten a los individuos por sus graves desfalcos, estamos equivocados. La justicia no funciona así, por más que se desgañiten algunos fiscales del Ministerio Público, declarando que han aportado pruebas irrefutables y contundentes, por más que se hagan denuncias públicas y por más que se aporten documentos que así lo comprueben, para algunos jueces nada de eso vale, ya que sus fallos más parecen resultados de componendas anticipadas, que la aplicación fuerza la ley.

A nuestro sistema le ha tomado, solamente, siete meses excarcelar a la mayor parte de funcionarios colaboradores del gobierno de Alfonso Portillo, acusados de malversaciones millonarias a cambio de medidas sustitutivas irrisorias y benévolas. Componendas que se identifican como las mejores y más rápidas maneras que los políticos encontraron de hacerse millonarios, sin fórmulas de maestrías o doctorados académicos. La burla de nuestro minado sistema de justicia y a sus tímidas leyes para someterlos son las aceitadas llaves. Mientras más alta es la suma malversada, menos es la suma requerida para aplicarles la endeble medida sustitutiva de enviarlos a su hogar, como cárcel. Vida aquella. ¿Qué medida le aplicará el juez a la mujer policía acusada de pedir mordida por Q70, en comparación del milloncito que pagó el ex presidente Alfonso Portillo por la acusación de desviar más de Q120 millones para el Instituto de Previsión Militar? Después de ser acusado por la malversación de Q80 millones, el ex ministro de Gobernación, Byron Barrientos, salió de la cárcel el 27 de junio de 2008, por rendición de pena y buena conducta. Lástima que la tuvo en la cárcel. El 13 de agosto de 2008, le siguió por las mismas justificaciones su viceministro, Luis Alberto Dávila. De ahí para adelante, las excarcelaciones se cocinaron como pavos navideños.

Las excarcelaciones más inquietantes se justificaron, perversamente, mientras los guatemaltecos nos distraíamos con los sentimientos de amor y paz que se difunden en la época navideña. El plan se inició con la excarcelación de Arturo Ignacio Salán, acusado de lavar Q20 millones, pagó una fianza de Q5 el 3 de diciembre y salió de la cárcel. El 5 salió Óscar Dubón, contralor de Cuentas, acusado del desvío de Q3.6 millones, quien también en la cárcel fue premiado por su buena conducta. El 7, por el pago de Q1 millón, el ex presidente Alfonso Portillo, por no entrar ni siquiera a la puerta de una cárcel. El 12 de diciembre, Carlos Wohlers, después de haber sido vinculado con el desfalco al IGSS por Q350 millones fue reconfirmada su absolución, por una sala de la Corte Suprema y para que no nos olvidemos de quienes tienen secuestrada la aplicación de la justicia penal en Guatemala, el 30, después de haber vivido en nuestro territorio, como prófugo de la justicia por seis años, don Manuel Maza Castellanos, acusado de participar en una estafa de Q155 millones al Ministerio de Comunicaciones y de hacer transferencias millonarias a los bancos Promotor y Metropolitano, también ministro de Finanzas de Portillo, fue tranquila y graciosamente dejado en libertad por el juez Jerónimo Xetumul, sin pago de ninguna medida ni fianza, mucho menos encarcelamiento preventivo mientras sería juzgado.

Para que los colaboradores del presente gobierno tuvieran una prueba de cómo el sistema colabora con los funcionarios de los partidos gobernantes, el doctor Eduardo Meyer goza de una medida sustitutiva, mediante el pago de una mínima suma, ante la acusación del uso indebido de Q82 millones que no aparecen. Ciento por uno, negocio redondo.

Caso aparte, fueron los aspavientos de las escuchas hasta en los baños de Casa Presidencial. Eso, sólo los interesados en salir de la influencia de Quintanilla, pensaron que se las íbamos a creer, porque hasta nos entusiasmaron con que vendrían los infalibles del FBI a averiguarlo. De los resultados no supimos nada. Parece que ni el juez que llevaba el caso les creyó, quien el 23 de diciembre le tocó el hombre y posiblemente le dijo al “espichiniado” Carlitos Quintanilla ­–en términos de militares quiere decir limpio, sonriente y bien peinado–. “Váyase a su casita a comer el tamalito navideño tranquilo. ¡Usted no es prófugo de nada”. Su caso solamente se podría considerar como las características de un burdo ardid.

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