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    Guatemala, martes 10 de febrero de 2009

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    OPINIÓN

    Consulta popular sobre Belice

    elEditorial

    El pasado viernes, el Organismo Ejecutivo envió al Congreso el acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)...

    El pasado viernes, el Organismo Ejecutivo envió al Congreso el acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), suscrito por los gobiernos de Guatemala y Belice el 8 de diciembre de 2008.

    Por medio de dicho acuerdo especial “las partes solicitan a la Corte que determine, de conformidad con las reglas aplicables del derecho internacional según se especifican en el artículo 38 (1) del Estatuto de la Corte, toda y cualquier reclamación legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios, que declare los derechos de ambas partes en los mismos y que determine la línea fronteriza de sus respectivos territorios y áreas”.

    Asimismo, ambos países adoptan el procedimiento ordinario, que consistirá en dos etapas, una de presentación de alegatos escritos y otra de audiencias orales, y aceptan como definitivo y obligatorio el fallo de la CIJ, y se comprometen a cumplirlo y ejecutarlo íntegramente y de buena fe.

    Por cierto, el sometimiento al procedimiento ordinario (juicio de derecho) de la CIJ implica la renuncia a que el asunto se resuelva ex aequo et bono (según lo bueno y equitativo) ante la Cámara de Arbitraje de la CIJ, es decir con fundamento en el derecho natural (justicia, legitimidad y verdad) y en la moral (ética y buena fe), que era lo más razonable en este caso, estigmatizado por una elocuente desigualdad.

    De conformidad con lo que ordena el artículo 19 de las Disposiciones Transitorias y Finales de nuestra Constitución, dicho acuerdo especial deberá ser sometido por el Congreso a consulta popular. Si el Congreso decide someterlo a consulta popular, el Tribunal Supremo Electoral deberá convocarla y la pregunta que deberá formularse a la población será: ¿Está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la CIJ para su resolución definitiva y que esta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes? En nuestra opinión, de cara a una consulta popular el Gobierno deberá justificar su posición de someter el diferendo territorial a un juicio de derecho y no de equidad (ex aequo et bono).

    elEditorial

    9 febrero 2009

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