Informes de UNICEF y de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos confirman que los niños, niñas y adolescentes representan la población más vulnerable ante la violencia. Se registran 46 menores muertos cada mes por arma de fuego; antecedentes que prevalecen por la impunidad que impera en el país.
No sólo el escaso avance en los pocos procesos judiciales de personas que cometen delitos contra menores y actos inmorales que deberían ser tipificados, son sinónimos de impunidad en contra de la niñez guatemalteca.
También es importante destacar otros factores a causa de la impunidad como; efectos psicológicos causados por maltrato infantil, violencia intrafamiliar, abusos sexuales y la pérdida de seres queridos por muertes violentas. Sin excluir la explotación laboral, mala educación, maltrato físico y verbal y poco acceso a la salud.
En este contexto social donde prevalece la impunidad, los niños, niñas y adolescentes son los hijos de la impunidad.
Sin embargo, el principal flagelo que provoca impunidad en la población infantil es la violencia, en cualquiera tipo de manifestación.
El mapa de conflictividad social elaborado por la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos ( PDH) en 2008, muestra 12 departamentos con altos índices de maltrato y 15 impactados por la violencia en las familias.
En 19 departamentos la violencia está ensañada y ha dejado niños, niñas y adolescentes en vulnerabilidad de sufrir muertes violentas o heridas ante enfrentamientos callejeros, balas perdidas, forzamiento de participación en actos delictivos, extorsiones fuera de sus colegios o escuelas y secuestros rápidos entre otros flagelos sociales.
El informe de la PDH destaca que “el Estado se convierte en violador de los derechos de los niños, cuando las autoridades los agreden en las calles” y hace énfasis que el 50 por ciento presenta desnutrición crónica; 1 millón trabaja (400 mil entre 5 y 13 años) y sólo el 31 por ciento concluye sexto primaria a pesar de cobertura en educación primaria.
La PDH catalogó recientemente 2008 como el año más sangriento en la historia del país y los estudios realizados por UNICEF confirman que la violencia homicida aumentó más del 137 por ciento, entre 1999 y 2008, pasando de 2 mil 655 a 6 mil 292 homicidios al año.
De 7 muertes violentas diarias se pasó a 17 y únicamente 2 de cada 100 casos son resueltos por el sistema de justicia, la mayoría queda impune y los menores han sufrido como testigos directos de la violencia. Al vivir traumas por crímenes, presenciar tiroteos, asaltos, secuestros, asesinatos y ver escenas de homicidios, principalmente en la vía publica, su vida se transforma.
Otro sector de la población infantil que no está expuesta a la violencia que a diario se manifiesta en la calles de la capital como del interior, permanece encerrado en sus casas. Sin embargo, eso no les garantiza estar libres de secuestros y trata con diversos fines, incluida la venta. “La impunidad de los crímenes contra la niñez agrava sus sentimientos de indefensión y provoca a largo plazo conductas disociales por la alteración de su desarrollo psicosocial”, detalla el informe de UNICEF.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) considera que tomando en cuenta que el 98 por ciento de casos no son esclarecidos, la niñez percibe erróneamente los conceptos de justicia y responsabilidad.
El estudio realizado por UNICEF, también determinó que la única forma de combatir la violencia contra la niñez es detener efectivamente la impunidad.
“Sería oportuno que el Congreso de la Republica apruebe nueva legislación en materia de armas y municiones, violencia sexual, explotación y trata de personas e investigación criminal y así empezar a combatir la impunidad en contra de la niñez”, expresó Adriano González Regueral, representante de UNICEF para Guatemala.
Impunidad a nivel nacional
El Área de Recepción y Calificación de Denuncias de la PDH recibió 1,216 denuncias de violación de derechos de la niñez y adolescencia entre enero y noviembre de 2008 (17.6 por ciento del total de denuncias presentadas en Guatemala y 33 por ciento por maltrato), detalla el informe anual circunstanciado de la magistratura en materia de derechos humanos.
Además especifica en materia de denuncias que la región nororiental (Chiquimula, El Progreso, Izabal y Zacapa) representan el 87 por ciento, seguida por las regiones norte (Alta y Baja Verapaz) y central (Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez) con 50 por ciento sur (Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa) con 45 por ciento, occidente (Retalhuleu, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán, Quetzaltenango), 19 por ciento, región noroccidental (Huehuetenango, Quiché) 13 por ciento y la de Petén 6 por ciento.
Las auxiliaturas departamentales del nororiente resaltan, inseguridad, criminalidad, salud, educación seguridad alimentaria y maltrato infantil. En este tema los departamentos con mayor incidencia son Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa y Retalhuleu.
En materia de educación, donde predomina el analfabetismo, han sido visibles violaciones contra infantes en los municipios de Santiago Sacatepéquez, Sumpango, San Bartolomé Milpas Altas, Santiago Xenacoj, Magdalena Milpas Altas, San Juan Alotenango y Santa María de Jesús del departamento de Sacatepéquez.
Debido a la debilidad en los programas institucionales y políticas públicas a favor de la niñez, la PDH ve con preocupación cómo la situación de los niños empeora cada día en los hogares de protección y de detención.
“Existe mucha debilidad para la protección de los niños, niñas y adolescente, el Estado aún no los protege y para eso es importante crear estructuras que se complementen con las políticas vigentes y que se consoliden con la voluntad política, especialmente en la rehabilitación de la población que vive en la calle”, manifestó Alejandra Vásquez, ex secretaria de Bienestar Social de la Presidencia.
De los 350 hogares temporales inscritos en Gobernación y Municipalidad la mayoría ha recibido denuncias de que no brindan la protección esperada, exponen a los menores a peores condiciones de la que vivían en sus casas o la calle. Los adolescentes que están en centros provisionales y de cumplimiento de sanciones, cada día son expuestos a represión por el personal encargado de las correccionales, además no tienen infraestructura adecuada para la reinserción social.
Cuando estos centros imparten programas educativos, siempre se excluye a las niñas cubriéndoles únicamente el nivel primario y la atención médica es precaria debido al poco personal que disponen.
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2 comentarios:
Mercedes Mendoza: (2009-02-14 12:41:47 horas)
Realmente es preocupante ver còmo ahora las vìctimas de la violencia ahora son niños y còmo los mismos padres maltratan a sus hijos y por ende esos niños creceran odiando a sus padres y al mundo entero.
Diariamente veo gente maltratando niños y eso me duele en el corazón, no entiendo còmo los mayores no protegemos a los niños. Si le damos amor a nuestros niños ellos darà n amor de grandes y si sembramos violencia no podemos esperar paz...
Luis Jiménez: (2009-02-14 09:49:56 horas)
Porque mejor no se preguntan cuantos de esos menores son víctimas porque antes han sido victimarios, es que no se han dado cuenta que muchos menores de edad andan por ahí cometiendo asesinatos, robos, extorsiones y otros delitos graves?
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2 comentarios: