Instituciones prostituidas

Las comisiones de postulación no tienen precedentes importantes en otros países y, entre nosotros, fueron introducidas por los regímenes militares “de transición hacia la democracia”, habiendo tenido éxito en la integración del primer Tribunal Supremo Electoral. De ahí que sin tener que gritar: ¡eureka!, los diputados constituyentes se encontraron con un método que, al parecer, resultaba efectivo para filtrar la elección o el nombramiento de funcionarios de la más alta envergadura y, teniendo a la mano el ejemplo, no hicieron otra cosa que darle continuidad en la propia Constitución de la República. ¡Adelante! se dijeron, pero el caso es que los legisladores, confiados por el notable antecedente, tan sólo establecieron quiénes habrían de integrarlas, pero no se preocuparon de sus procedimientos. ¿A cuenta de qué había de pensarse mal, como el siempre avezado Maquiavelo?

Supongo que los constituyentes se atuvieron a principios de elemental buena fe y confiaron así, sin más, que las comisiones de postulación se mantendrían ajenas a cualquier tentación de compartir el poder con aquellos a quienes nominaran. Los constituyentes seguramente pensaron que los integrantes de tales comisiones, por tratarse de un mandato temporal y honorario, cumplirían su dignísima misión y volverían a sus pacíficas y neutrales funciones profesiones o académicas, sin pensar en ganar adhesiones, gratitudes o reconocimientos por parte de los incluidos en sus listas…

Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente y, salvo honrosas excepciones, los integrantes de las comisiones, y también, ¿por qué no decirlo?, los grupos de activistas y militantes, descubrieron en ellas una veta de poder y de oscuras influencias.

El doctor César Barrientos Pellecer, en su obra titulada Poder Judicial y Estado de Derecho, se refiere a todo esto con la suficiente autoridad de investigador y analista, en una síntesis que me permito trasladar al lector. Este nos explica que, al quedar integradas, las comisiones de postulación invitan a los aspirantes para que presenten su currículum y “concursen” para el cargo. Pero lo que ocurre es que los integrantes del órgano nominador, mediante trueques y compromisos, previa y unilateralmente establecidos, llegan a convenios internos y secretos que comprometen el resultado y que presentan públicamente como que si se tratase de una “deliberación por méritos” y no simple “dedazo”, convirtiéndose los anunciados procesos de “selección” en un montaje que simplemente encubre el engaño, la parcialidad y la arbitrariedad de los nombramientos.

Este reconocido catedrático, técnico internacional y escritor, no obstante el rigor de sus estudios, no pudo reprimir un rasgo del simpático humor y así, comparte con nosotros lo que dijo alguna vez algún avezado político, convertido ya, en proverbio popular: “La única carrera judicial que existe entre nosotros es la que pegan, para suplicar el cargo, los aspirantes a juez o magistrado”.

A lo que me permito agregar: “suplicarlo” nada menos que de los miembros de las comisiones que habrán de postularlos, los mismos que después, salvo las honrosas excepciones, resultan recompensados o, al menos, privilegiados, por aquellos a quienes “se sirvieron” postular… (Continuará).

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