La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha solicitado que el Congreso decrete, entre otros, el delito de enriquecimiento ilícito.
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha solicitado que el Congreso decrete, entre otros, el delito de enriquecimiento ilícito.
Esta petición se ajusta a lo que ordenan los artículos IX (9) de la Convención Interamericana contra la Corrupción y 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambas aprobadas y ratificadas por el Estado de Guatemala, en el sentido que este deberá crear el delito de enriquecimiento ilícito, por medio del cual se sancione el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.
El delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos existe en casi todas las legislaciones del mundo civilizado. Su objetivo es impedir que los funcionarios públicos, a base de sobornos, comisiones derivadas del tráfico de influencias y exacciones ilegales, se enriquezcan en el ejercicio de sus cargos.
En la legislación guatemalteca existía el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, pero fue suprimido durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996–2000).
Desde que se suprimió el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, en nuestro país se alentó aún más la corrupción y la opacidad a todo nivel.
No se olvida, por ejemplo, la oscura venta de los activos del Estado y la instalación del sistema paralelo de gasto público (también durante el gobierno de Arzú), alimentado por los fideicomisos, los fondos sociales y las transferencias de recursos públicos a organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, etcétera, que ha redundado en una hemorragia de fondos públicos que todos los días se malgastan.
Sin duda, con los grandes negocios que se están dando en el sector público, los políticos no están interesados en restablecer el delito de enriquecimiento ilícito. Eso sí, están muy dispuestos a cargar con más impuestos a la población, a pesar de que la crisis económica está erosionando sus patrimonios e ingresos a pasos agigantados. ¡Qué tal!
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2 comentarios:
mannpellecer: (2009-03-14 20:12:45 horas)
Aquí es re fácil aprovecharse para estafar al Estado y como de costumbre la justicia jamás defiende el patrimonio nacional. Por ejemplo COMPARINI en CORFINA, vaya que hay que efectuar auditorias como EJEMPLO su secretaria que compró un edificio con ese dinero robado, y como de costumbre ninguno de los que imparte justicia se involucra para poner las cosas en su lugar. Buena por CICIG!!
juan antonio lopez: (2009-03-14 14:46:16 horas)
Se les olvido mencionar a prensa libre con edisur, 150 melones en material didactico, sa lo dijo reyes lopez y cuando el rio suena, piedras lleva, sin mencionar lo que ustedes nunca publicaron asi que todos comen de la misma vaca, pero se tapan con la misma chamarra.
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