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Guatemala, martes 31 de marzo de 2009

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País:

Reformas institucionales el centro del acuerdo nacional

Se incluyen varias medidas propuestas por la CICIG y se propone trasladar el registro y el control de armas a un Ministerio de Seguridad que debe crearse.

Enrique Naveda

Fuente menor Fuente normal Fuente grande
Ampliar imágen EP Foto:  Archivo el mandatario y la directora de la Policía durante la graduación de policías el 27 de marzo.

Los diez ejes:

1.Política e institucionalidad para la seguridad
2.Reforma policial
3.Sistema penitenciario
4.Políticas e institucionalidad para la investigación criminal contra la impunidad
5.Administración de Justicia
6.Control de armas
7.Empresas y servicios suplementarios de seguridad
8.Comunicación y participación social
9.Agenda legislativa
10.Compromisos de acciones en conjunto de los signatarios
Punto 13 del Acuerdo: …
En los presupuestos de 2010, 2011 y 2012, el área de seguridad y justicia será una de sus prioridades. Se insistirá en medidas presupuestarias y financieras que permitan disponer de los recursos suficientes para la inversión social en seguridad y justicia.

Lo que no incluye el pacto

>El texto está marcadamente centrado en las reformas institucionales. Por ello, apenas hay una referencia a la violencia intrafamiliar. El punto 51 insta al Instituto Nacional de Estadística a consolidar y remitir a Conaprevi la información estadística sobre estas formas de agresión “contra las mujeres”. Además, tampoco incide en las amenazas que enfrenta el país ni profundiza en el crecimiento de la delincuencia organizada: el tráfico de personas, drogas, armas, el contrabando, las pandillas, entre otras.
El Acuerdo Nacional para el avance de la Seguridad y la Justicia ya casi se ha fraguado y el Gobierno pretende hacerlo público el jueves. Por el momento, la atención del debate se ha centrado en la reforma de las instituciones y en la mejor preparación de los empleados públicos, según un borrador.

En medio del ardor de la discusión por la Ley de Armas y Municiones, el documento propone traspasar el control y el registro de las armas al Ministerio de Gobernación o a una nueva cartera: el Ministerio de Seguridad Pública.

De los diez ejes que componen el texto, dos se le dedican al control de armas y de los servicios de seguridad. El bosquejo del acuerdo no sólo prevé supervisar las empresas importadoras de armas, impulsar un plan de desarme y perfeccionar el registro de armas con su huella balística, sino que avanza la necesidad de una Superintendencia que, sujeta al Ministerio de Seguridad, fiscalice las compañías privadas que ofrezcan servicios de este tipo.

El borrador establece que desde que se rubrique el contenido definitivo, los signatarios dispondrán de 45 días para presentar una hoja de ruta con los indicadores, los resultados y el presupuesto, que servirá para que una instancia de seguimiento verifique el ritmo de los avances. Entre los acuerdos se encontraban asimismo el de crear una inspectoría para el Sistema Nacional de Seguridad, y otra para el Ministerio de Seguridad Pública, además de descentralizar la de la Policía.

El borrador recoge algunas medidas ya adelantadas por el presidente álvaro Colom o solicitadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, como echar a funcionar un Instituto de Estudios Estratégicos en seguridad, un programa de protección a los operadores de justicia y defensores de los derechos humanos, fortalecer el de protección de testigos, adecuar las cárceles para que puedan acoger juicios en casos de alto impacto, crear áreas de máxima seguridad, y someter a los investigadores a exámenes de confiabilidad y probidad.

Esta última medida, sin embargo, sólo se dirige a los agentes de una entidad especializada en la investigación criminal que aún no existe. Mientras se crea, el pacto ordena aplicar un “riguroso plan de depuración y transformación” de la División de Investigación Criminal.

Si las extorsiones y la coordinación de crímenes desde los presidios es un problema candente del debate sobre seguridad, el texto propone crear una nueva Guardia del Sistema Penitenciario bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública, y darle agilidad a la instalación del sistema de bloqueo de llamadas telefónicas en los centros penales.

Se pretende asimismo abrirle espacio a una comisión que evite las ejecuciones extrajudiciales.
El pacto inviste a la CICIG con la tarea del “acompañamiento técnico”. El acuerdo será políticamente vinculante.
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5 comentarios:

  1. Carlos Perez: (2009-07-04 04:15:53 horas)
    Quiero aprovechar este espacio para denunciar la mala, es mas, pésima actitud que tienen los seudooficiales que pertenecen al ministerio de seguridad en Guatemala en especial los oficiales que al parecer no tienen nombre porque no se identifican, unicamente se dedican a extorsionar ciudadanos. Estos seudooficiales se transportan a bordo de la patrulla con matricula GUA 16040 de la comisaria 16. Tengan cuidado de ellos, lamentablemente son unos ladrones.
  2. mannpellecer: (2009-03-31 17:42:46 horas)
    Ojala que cuando estos graduandos juraron honor a la bandera lo hayan hecho a nuestra bandera y no al trapo multicolor que es la de colom- colom traicionó nuestra bandera. mannpellecer@yahoo.com
  3. Ing. Omar Rodas: (2009-03-31 12:04:44 horas)
    !Todo eso es retorica!! Es bonito escuhar y leer muchos discursos llenos de retorica pero cuando se ponen en practica vemos que la pobredumbre de las instituciones no permite hacer de esos planes una realidad. En el caso de la seguridad tenemos una policia totalmente infiltrada por la delincuencia comun y organizada y cada vez que se agregan nuevos elementos sanos, no contaminados, en uno o dos años ya tienen las mismas mañas de las manzanas podridas que habian dentro, con el agravante de que estos salen mas listos y mas corruptos. La solucion es cambiar en su totalidad a la policia; mediante una ley temporal el Ejercito de Guatemala debe hacerce cargo de las funciones que la ley le da a la PNC mientras se crea una nueva institucion que venga a sustituir totalmente a la actual. Todas las autoridades, personal operativo, administrativo y de servicios debe ser cambiados, aun los proveedores. Claro que para eso hace falta un presidente con decision y no como el que tenemos actualmente, que para lo unico que sirve, y lo hace bien, es dejarse mandar por doña presidenta y pagar favores politicos..
  4. CARLOS LOPEZ CHAVES: (2009-03-31 10:48:01 horas)
    ME PARECEN BUENAS MEDIDAS PERO, UNA PREGUNTA?: SERA QUE LA SEÑORA MARLENE BLANCO ENTIENDE ALGO DE ESTO? CON FUNCIONARIOS TAN POCO PREPARADOS Y CON POCA MATERIA GRIS (POR DECIRLO ELEGANTEMENTE), LO DUDO A NO SER QUE LE PREGUNTE A SU HERMANO QUE LE EXPLIQUE ALGO
  5. Guillermo Castañeda Lee: (2009-03-31 09:42:21 horas)
    Estas medidas si dan resultados sus efectos se veran a muchos años plazo. Lo que necesitamos aparte de eso, es un plan que en un año elimine la criminalidad. A como van las cosas tenemos que esperar de unos 5 a 10 años para que pare la violencia.
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