Ley contra mafiosos

Sólo 82 magistrados probos para las salas de apelaciones y 13 para la Corte Suprema de Justicia se necesitan para que en nuestro país el sistema de justicia funcione con apego a derecho y no a intereses personales y de sectores que históricamente han influido en el sistema de justicia para retorcer la ley, y que han dejado de acuerdo a la realidad que vivimos todos los días a todo el sistema en trapos de cucaracha, empezando por la Corte Suprema en donde los magistrados son incapaces de elegir al presidente de ese alto organismo porque ambos bandos ponen por delante de los intereses del pueblo sus intereses personales.

Por eso es necesaria la aprobación de la ley que reglamenta las comisiones de postulación, pues de ellas depende el filtro que pasen los candidatos antes que la lista llegue al pleno. Si estas están mal integradas y no existe forma de ponerlas en cintura, malas serán sus decisiones pues seguirán prevaleciendo intereses espurios, pues para nadie son desconocidos procesos anteriores en donde no se discute absolutamente nada de la ética, del profesionalismo, de los valores y principios que deben sustentar los candidatos y que debería ser la brújula que guíe a las comisiones de postulación. Por el contrario se barajan los nombres de quienes responderán a consignas partidarias, de sectores económicos que quieren marionetas en la Corte Suprema y en las salas de apelaciones, o del crimen organizado que le interesa seguir ubicando peones en puestos importantes de la administración pública y en todo el sistema de justicia.

A pesar que estamos conscientes de la composición del Congreso de la República, sabemos de la importancia que tiene la decisión final que asuman para reglamentar el funcionamiento e integración de las comisiones, pues de ellas depende la revisión de la hoja de vida de cada candidato y en cierta forma la depuración del listado de profesionales que postulan para magistrados y que ya tienen los cheques sólo para depositar y ponerse al servicio de quienes les han dado su respaldo. No por gusto hay interés en que se precipite la convocatoria, antes de aprobar la ley respectiva que ya tiene el dictamen favorable de las comisiones de Reformas al Sector Justicia, Legislación y Puntos Constitucionales.

Dejar para el futuro una ley tan importante, sólo pone en evidencia los intereses que defienden los congresistas, pues de ello depende el tipo de magistrados que en el presente año se elijan, no sólo para las salas de apelaciones, sino también para la Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y hasta del Tribunal Supremo Electoral.