La ley de acceso a la información pública (Decreto nro. 57-2008 del Congreso) entrará en vigencia el próximo martes 21 de abril.
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La ley de acceso a la información pública (Decreto nro. 57-2008 del Congreso) entrará en vigencia el próximo martes 21 de abril.
Según dicha ley, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) es la autoridad reguladora, es decir la autoridad a cargo de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la referida ley. Luego, la misma ley ordena que en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado se incluya una partida específica adicional para que el PDH pueda cumplir con las atribuciones inherentes a su función reguladora.
El Congreso y el Gobierno no incluyeron dicha partida en el Presupuesto General de Ingresos e Egresos del Estado para el año fiscal 2009, a pesar de que dichos organismos estaban enterados de que la ley de acceso a la información pública entraría en vigencia el 21 de abril de 2009, toda vez que dicha normativa fue aprobada por el Congreso el 23 de septiembre de 2008 y publicada en el Diario de Centro América (Diario Oficial) el 23 de octubre de 2008.
Por consiguiente, el PDH no ha contado con los recursos necesarios para cumplir con su importantísima función en el marco de la referida ley.
Esta omisión gruesa por parte de los organismos Ejecutivo y Legislativo es una prueba elocuente de falta de voluntad política para una debida implementación de la ley de acceso a la información pública y pone en entredicho el apoyo del presidente Álvaro Colom al acceso a la información pública.
Lo que resulta inaudito es que en la edición del Diario de Centro América correspondiente al día de ayer, se publica el Acuerdo Gubernativo nro. 110-2009, por medio del cual se designa a la Dirección Ejecutiva de Administración de la Secretaría General de la Presidencia de la República como unidad de información pública del Presidente de la República.
Sin dinero quién va a fiscalizar esta unidad de información pública del Ejecutivo. ¿O será que se quieren autorregular y autocontrolar, como ocurre con los programas de Cohesión Social? Sin duda, la transparencia no es un objetivo del actual régimen.
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2 comentarios:
Armando Dominguez: (2009-04-18 11:52:13 horas)
Es ridiculo que para cumplir con lo que ORDENA LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, tenga que hacerse leyes, esa es la verdad, si las leyes son CLARAS señores, todo acto de la administracion publica es publico, cualquier puede exigir infirmacion, porque no son actos de particulares, son actos realizados y ejecutados con fondos publicos, ningun funcionario saco dinero de su bolsa para esto o aquello, SON FONDOS PUBLICOS FORMADOS POR LOS IMPUESTOS Y ARBITRIOS Y TASAS PUBLICAS, es decir PAGADOS Y SUDADOS POR TODOS NOSOTROS, esa es la razon del termino PUBLICO, asi que yo meteria presos a los diputados, Presidente, ministros, jueces magistrados, a todo funcionario PUBLICO, que no cumpla con lo que ORDENA la Constitucion, porque la Constitucion no esta preguntando quien desea o quiere cumplir con la ley, esta ORDENA CUMPLIR LA LEY, y los funcionarios PUBLICOS la violan Y ESO ES DELITO FLAGRANTE.
La Ley de Acceso a la Información Pública, publicada por el gobierno, parece un chiste de mal gusto, pues yo lo comparo a que doña Locha hubiera promulgado una ley contra la prostitución, o que la iglesias gestionaran una ley que prohiba el diezmo.
Está visto que cuando a este gobierno se le ocurre promulgar una ley para prohibir algo, es por que ya encontró el mecanismo legal para violarla.
A los guatemaltecos ya no nos babosean, pero babosean a los organismos internacionales.
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