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    Guatemala, lunes 27 de abril de 2009

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    INVESTIGACIÓN

    Ley de Libre Acceso a la Información Pública podrá romper secretividad de fideicomisos municipales

    A partir del 21 de abril, día que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, toda persona podrá conocer cómo se constituyeron los fideicomisos de la municipalidad capitalina, quiénes han sido los responsables de manejarlos (los comités técnicos), montos e incrementos desde su creación.

    El alcalde Álvaro Arzú, ha caracterizado su mandato al frente de la Municipalidad por mantener en secreto información sensible sobre los fideicomisos y programas manejados por organismos internacionales que la comuna capitalina maneja desde 2000.

    Según Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, los datos más difíciles de encontrar en un Fideicomiso son la información que tiene que ver con pagos, contrataciones, los salarios, el pago de servicios y dietas. 

    El congresista independiente Aníbal García considera que “con la nueva ley podremos conocer quiénes han sido los proveedores, cuánto se les ha pagado, los montos de las dietas, cómo se han formado los comités técnicos y qué criterio han utilizado para manejar el dinero que administran los bancos”.

    La municipalidad capitalina tiene 4 fideicomisos, con un valor aproximado de Q752 millones, Q239 mil 62, según manifiesta una fuente interna de la Municipalidad que pide reserva. Además, un convenio firmado con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para manejar el programa “Limpia y Verde” por un monto total de Q57 millones 635 mil.

    Sin embargo, el único dato certero se conoce a través del balance general de los bancos que manejan los fideicomisos de la Municipalidad, donde la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) pudo establecer que su saldo hasta el 31 de mayo de 2008 supera los Q500 millones. Siendo estos: Fidemuni Q445 millones 965 mil; Fapu, Q57.9 millones; Metropolitano para la Cultura y Deporte, Q9.8 millones y Fidemetra (en liquidación) Q390 mil. De mayo de 2008 a la fecha se desconoce el saldo real de los fideicomisos.

    La Contraloría asegura que pudo detectar en una auditoría para el período comprendido entre 2005 y 2008, hallazgos en malos controles internos (procedimientos administrativos) y traslado de fondos (destino contrario al establecido). Según el contralor Carlos Mencos, se tramita una audiencia con la Municipalidad para que presente sus descargos. Sin embargo, no descarta sanciones por las irregularidades detectadas.

    Momento histórico para conocer cómo administra sus fondos Tu Muni

    El artículo segundo de la Ley de Acceso a la Información define que “la ley es de orden público, de interés nacional y utilidad social”. El Artículo 38 especifica “el acceso a la información pública se inicia mediante solicitud verbal, escrita o vía electrónica que deberá formular el interesado al sujeto obligado, a través de la Unidad de Información”.

    De esa cuenta la parlamentaria Rosa María de Frade, de la Bancada Guatemala, considera que partiendo de la aplicación de estos artículos y el sexto (sujetos obligados), que especifica que “toda persona individual o jurídica, pública o privada, nacional o internacional, de cualquier naturaleza, institución, entidad, organismo dependencia u órgano y cualquier otro que maneje, administre o ejecute recursos públicos del Estado o actos de la administración pública está obligado a proporcionar la información pública que se le solicite”, los fideicomisos de la municipalidad capitalina se pueden auditar por primera vez.

    De Frade indicó que este artículo contempla un listado donde figuran las municipalidades, organismos internacionales y los responsables de administrar los fideicomisos, obligados a dar cualquier información solicitada. “los fideicomisos de la municipalidad y los programas que manejan con PNUD se pueden auditar”, refirió.

    Para la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, la aplicación del Artículo diez es otro principio para conocer los fideicomisos municipales.

    El enunciado detalla en el séptimo numeral, “información sobre programas, modificaciones, transferencias internas y externas”; el noveno contempla “depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones”; el décimo especifica “procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes, características de los proveedores,  detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de  contratos.

    “A partir de estas especificaciones podremos saber cómo la Municipalidad ha manejado sus fideicomisos que administran los bancos y los fondos del PNUD, constituidos a través de la recaudación de arbitrios y el pago de impuestos”, comentó Montenegro.

    Si la Muni no cumple hay sanciones

    La Ley de Acceso a la Información Pública contempla acciones legales que pueden ser aplicadas para delegar responsabilidades y sanciones si la entidad no da información. Alejandro Urízar de Acción Ciudadana (AC) argumenta que cualquier información relativa a los fideicomisos que se le solicite a la Municipalidad debe ser entregada. “Aplican todos los elementos de la ley como por ejemplo los plazos, el recurso de revisión, el delito de obstrucción de acceso a la información y  el amparo en última instancia”. 

    Para los congresistas, Montenegro, De Frade y García si la Municipalidad no cumple existen sanciones. Según el Artículo 66 de la ley “Incurre en el delito de retención de información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida.
    Será sancionado con prisión de uno a tres años, con la inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y multa de Q10 mil a Q50 mil”.

    Urízar coincide en que la Ley de Acceso a la Información sólo es una “herramienta” para construir transparencia que debe ser reforzada con la Ley de Fideicomisos Nacionales, y así evitar la ambigüedad que ha justificado la Municipalidad capitalina diciendo que los fideicomisos son “contratos privados”.

    Equipo de investigación

    26 abril 2009

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