El caso de los parientes que quieren ser magistrados

Apenas son cuatro líneas, pero su significado alborota. La iniciativa de ley de comisiones de postulación, que propone regular la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Apelaciones, incluye un artículo que prohíbe que cónyuges y parientes sean seleccionados si un miembro de su familia cercana es postulador.

Hay un caso particular: la magistrada Doradea Guerra, de la Sala de la Niñez y con aspiraciones en el concurso de elección, es esposa de Bonerge Mejía, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Carlos (Usac), quien integra las comisiones para elegir magistrados.

Un caso potencial: un esposo en posición de evaluar el currículum de su esposa.

Existe otro caso similiar, aunque de circunstancias distintas: la magistrada Flor de María Gálvez es hermana del rector de la Usac, Estuardo Gálvez. En su caso la suerte definirá la situación. La Carta Magna establece que un representante de los rectores de las universidades del país debe presidir las comisiones, pero la suerte se define a través de sorteo: las probabilidades de Gálvez son 1 de 11 (el total de universidades en Guatemala).

“Sólo porque estamos casados se puede dar la prohibición”, comenta el decano Mejía, “y todos los postuladores tenemos parientes”, añade. ¿Qué harán? Él y su esposa –quien fue fiscal de Delitos contra la Mujer durante una década antes de ser magistrada– han tratado el tema.

La ley se encuentra a las puertas de su tercera lectura en el Congreso. Y en el medio de abogados existe escepticisimo sobre su aprobación. La propia Nineth Montenegro, diputada ponente, manifestaba el viernes último su desconfianza.

No obstante, el decano y su esposa se han planteado el escenario hipotético de la aprobación: ¿para qué me voy a meter si no se puede? dijo ella. Un reproche disfrazado de pregunta. Y entre los abogados, los reproches se convierten en memoriales.

Impugnaciones a la vista

 “Hay puntos susceptibles de impugnación: en el caso de ella, por ejemplo, vulneran su derecho al trabajo. Yo no me puedo abstener de integrar la comisión, porque es un mandato constitucional. Y tampoco me podría abstener de conocer su expediente porque mi participación debe ser integral”, dice Mejía.

El decano habla de un escenario caótico: la ley aprobada sujeta a impugnaciones paralizaría el proceso de elección de magistrados. “Respaldo los esfuerzos por la transparencia en este proceso”, asegura Mejía, “pero es obvio que esta propuesta se trabaja contrarreloj y así corre riesgos”.

Es curioso: Mejía fue profesor de leyes de Montenegro. “Es válida esa prohibición”, dice Montenegro “la familia es familia, hay cariño de por medio. No puede ocurrir una evaluación objetiva en tales condiciones”.

“Es un dilema ético”, comenta el rector Gálvez, “uno no puede evaluar el caso de un familiar.
Yo me excusaría del caso”.

Su hermana tiene 15 años en la carrera judicial. Aunque suspendió su carrera cuando laboró en el Ministerio Público, retornó hace 5 años. Hoy es magistrada de una Sala de Apelaciones.
“Supongo que ella quiere participar en este proceso. La gente olvida que los magistrados son hombres y mujeres con familias, ellos necesitan un trabajo y su trabajo ha estado en los tribunales así que es natural que quieran permanecer”.

Según Montenegro, puede existir una salida ante estas situaciones. “Si un familiar integra por mandato constitucional, puede excusarse de evaluar un caso específico ante esas limitantes.
Aunque no pase la ley, tenemos otros tratados que establecen parámetros de transparencia y probidad”, añade.

Esta semana comienza con nuevas sesiones en el Legislativo para revisar la norma. Los legisladores, hasta el viernes, habían revisado 5 de 30 artículos. La ley se enfrenta a su prueba crucial. 

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