Lo que piensan en el país de la prostitución infantil

Si una menor de edad se prostituye, ¿quién es el que comete el delito? Esa pregunta la hizo la Organización Internacional del Trabajo durante una investigación sobre la tolerancia sexual en la región centroamericana y la respuesta les dejó preocupados: “un porcentaje significativo piensa que el delincuente es la menor de edad”, concluye el estudio. Es decir que no se ve a la niña o niño como víctima sino como delincuente.

“Hay claridad de que es delito, pero no la hay acerca de quién o quiénes son los auténticos responsables de su existencia. La revictimización sigue siendo un elemento común, aunada a la responsabilidad que se le achaca a los menores de edad de su situación”, según el informe.
A Claudia Rivera, directora de Casa Alianza, este hallazgo no le sorprende: “A nivel social hay mucho prejuicio y eso hace que sea muy difícil la reintegración de la niña a su comunidad.

Antes algunos jueces pensaban que la menor era la que cometía el delito, pero en eso ya se ha avanzado, los juzgados tienen más información”, explica. Rivera recuerda el caso de una niña de Cobán que fue llevada a la capital bajo engaños. Llegó creyendo que trabajaría como empleada doméstica y fue encerrada en un burdel, cuando Casa Alianza la rescató y la llevó de vuelta a su pueblo fue rechazada por los vecinos que la calificaban de prostituta. “Seguimos siendo una sociedad machista”, enfatiza Rivera.

El Ministerio Público cuenta con más de 400 denuncias sobre trata de personas y sólo en una ha conseguido sentencia. “El Fiscal General ya dio instrucciones de que cualquier menor que sea encontrada en un burdel debe ser considerada como trata de personas”, comenta Rivera.

“Es urgente transitar de la perspectiva de la sociedad que la ve como delincuente a la de una sociedad que la vea como víctima. Pasar de la acusación a la protección”, opina Leslie Sequeira del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades). Guatemala es el país de Centroamérica donde más se percibe esta forma de pensar, aquí el 13.8 por ciento de la población condena a la menor, mientras que en Honduras sólo el 2 por ciento y en Nicaragua el 3 por ciento.

El estudio también demostró que la mayoría de la población piensa que los responsables de detener la explotación sexual son los miembros de la familia de la víctima y le quitan al Gobierno esa función. En Guatemala el 70 por ciento dijo que quien debe detener este tipo de delito es la familia, mientras que sólo un 6 por ciento piensa que es deber del Gobierno erradicar la explotación sexual. La mayoría de la población cree que la principal causa de la prostitución en menores es la pobreza de las familias.