Nuestro pobre país viene de crisis en crisis sin que se pueda avanzar en un proceso democrático y de desarrollo integral en el cual no esté a la vista la amenaza de retrocesos que pueden favorecer a los de siempre, a quienes por la fuerza o a través de procesos electorales y condicionamientos, han detentado el poder y han puesto al Estado y sus instituciones a su servicio. Hoy vivimos uno de los peores momentos que debe llevarnos a reflexionar sobre qué queremos, sobre si el camino que transitamos nos conduce a una mayor democracia o si por el contrario vamos hacia el Estado fallido que se ha estado mencionando tanto.
La denuncia que mantiene en jaque al gobierno de Colom, es sumamente grave como para ser indiferentes, pues aún cuando no se trata sólo de los tres asesinatos, pues a diario acontecen hechos lamentables y la sociedad se ha mantenido indiferente, en estos casos hay señalamientos concretos que deben ser investigados hasta la saciedad, pues no basta decir que se trata de una conspiración, cuando el destino del país está en peligro, la sociedad desconcertada y los grupos más reaccionarios tratando de llevar agua a su molino. Para muchos, quizá lo más fácil es que el presidente Colom renuncie y deje abierta la puerta del palacio para que ingresen por la puerta ancha los que se consideran dueños del país y el crimen organizado se sienta como pez en el agua.
Si eso sucediera, poco les va a importar, a quienes hoy exigen la renuncia, profundizar en las investigaciones y dar con los responsables intelectuales y materiales que, al caerles encima se podría desbaratar una de las bandas que ha estado cometiendo crímenes políticos, pues no hay que olvidar que hay casos paradigmáticos que se mantienen en la impunidad y de cuyas investigaciones no sabe nada la sociedad. Por su parte, los que han sido acusados públicamente, deben desvanecer con hechos su inocencia.
Hay que recordar que entre los que han estado atrás de la publicación de la carta y el video, por lo menos quienes han dado la cara, no son unos angelitos, con sólo retroceder unas páginas de la historia, se encontrará cuál ha sido su participación en la vida política nacional y ello va, desde los intentos de golpes de Estado, hasta la participación en aparatos como la “oficinita” ligada directamente a los intereses de los militares. ¿Quiénes más están atrás de los hechos? Y ese pasado debe ser tomado en cuenta en las investigaciones y el peso de la ley debe caer sobre quienes resulten responsables, sea el Presidente o su secretario privado. Para ello se necesita que la CICIG y el Ministerio Público actúen con toda independencia.
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