CC ordena a las autoridades resguardar seguridad de manifestantes y no vedar derecho de expresarse

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron ayer dos amparos interpuestos por integrantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), y otro grupo de personas particulares que han dirigido las manifestaciones realizadas durante la semana quienes exigen justicia por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.

Los magistrados resolvieron alrededor de las 13:30 horas los amparos que fueron presentados ante la CC, en contra del presidente Álvaro Colom, la directora de la Policía Nacional Civil (PNC), Marlene Blanco Lapola y el ministro de Gobernación, Salvador Gándara.

De acuerdo con Juan Francisco Flores, presidente de la CC, el amparo protege de la amenaza que pueda existir contra la ciudadanía que participará en las manifestaciones que están convocadas para hoy.

La resolución especifica que “las autoridades deberán abstenerse de cualquier tipo de parcialización material respecto de los motivos de las manifestaciones ciudadanas, deberán permitir el ejercicio del derecho de manifestación de cualquier grupo ciudadano y deberán preservar estrictamente el orden público, pudiendo en su caso, de ser necesario, interponer entre grupos divergentes columna o columnas con elementos de los cuerpos de seguridad, debidamente uniformados y desprovistos de armas letales, que separe claramente a aquellos en plazas y calles, a efecto de que puedan manifestarse en igualdad de circunstancias, pero sin mezclarse, para prevenir y evitar actos de provocación o de violencia entre tales grupos”.

Se refiere que deben requerir la colaboración del Procurador de los Derechos Humanos y de la Cruz Roja con fines de mediación.

También se ordena que se consigne a los tribunales a quienes incurrieren en delito flagrante y se ordena a la fuerza pública observar los deberes que le atañen en relación al mantenimiento del orden público y de la seguridad ciudadana. Se apercibe a Colom, a Gándara y a Blanco Lapola que en caso de incumplimiento incurrirán en las responsabilidades que prevé la Ley de Amparo.

Desconocen resolución

Marlene Blanco Lapola, directora de la PNC, comentó no saber sobre el amparo interpuesto en su contra.

Por su parte, en el Ministerio de Gobernación, se indicó que se vive en un estado de derecho y cada quien sabe los canales que puede utilizar, el amparo es uno de ellos. “Nosotros lo que debemos hacer es tratar de evitar que exista confrontación no interesa quienes manifiesten a favor o en contra”, dijo el vocero de esa cartera, Nery Morales.

Blanco Lapola dijo que están preparados. Serán 730 elementos de la PNC los que resguardarán la seguridad de los manifestantes, aseguró.

“En cada uno de los puntos estarán ubicados 365 agentes para evitar cualquier tipo de confrontación”, indicó.

La funcionaria refirió que en los lugares habrá presencia de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para el ámbito del control de tránsito y para apoyar con desvíos de tránsito si en determinado momento lo requieran, así como apoyo de miembros del Ejército de Guatemala.

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