Ahora que ha cobrado plena vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (a partir del 21 de abril del año en curso), la sociedad civil debe lanzarse a la caza de los fideicomisos estatales, que se han convertido en los mayores bolsones de corrupción en el sector público guatemalteco.
Dicha ley claramente establece que los fideicomisos estatales son sujetos obligados de proveer información, no solamente la de oficio que exige la referida normativa, sino también la que solicite cualquier persona interesada.
Los que se resisten a que los fideicomisos estatales se transparenten dicen que están amparados por el secreto bancario, ya que los bancos son los fiduciarios. Sin embargo, los fideicomisos estatales se constituyeron con fondos públicos, cuyo dominio, por cierto, fue ilícitamente transmitido a los bancos, ya que no se cumplió con lo que para efecto disponen las leyes de enajenación de bienes públicos. De esa cuenta, los fideicomisos estatales no pueden operarse a espaldas de la población.
En todo caso, la información solicitada deben proveerla los comités técnicos de los fideicomisos, así como la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General, que, por cierto, siempre son requeridas para dictaminar cuando se constituye un fideicomiso estatal.
Cabe advertir que los administradores de los fideicomisos estatales, que son cuentadantes y gestores públicos, no han cumplido con poner a disposición la información de oficio que exige la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que definitivamente están incurriendo en responsabilidad por omisión. ¡Ojo señor Procurador de los Derechos Humanos!
La Ley de Acceso a la Información Pública ha sido definida como una “ley del pueblo”, que permite a los gobernados y contribuyentes acceder a la información que se encuentra en todos los organismos, instituciones y entes estatales, sin excepción alguna.
Ha llegado el momento, pues, de la auditoría social y del control ciudadano sobre los fideicomisos estatales, que se han convertido en uno de los más importantes instrumentos del sistema paralelo de gasto público, basado en la discrecionalidad, el secreto, el abuso y la arbitrariedad. Todos los ciudadanos conscientes deben utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública para penetrar los fideicomisos estatales y que, por fin, se sepa cómo se manejan los fondos públicos en su seno. ¡Manos a la obra!
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1 comentarios:
Edwin de Leon: (2009-05-27 13:44:49 horas)
No hay muchos secretos que se van a descubrir, hay cosas que la contraparte publica como pueden ser los Ministerios de Estado u otros entes conocen pero no reaccionan ni toman acciones para denunciarlos, porque al final se vuelven coyotes de la misma loma de los entes fiduciarios como son los bancos.
Entre algunas se va a determinar para los casos donde los fideicomisos estan orientados a otorgar prestamos o ayudas reembolsables, el deterioro de las carteras con altos porcentajes de mora, y los pocos logros en cuanto al cumplimiento de metas. Por otro lado la cartera potencial sana es captada y manejada directamente por estos bancos.
Pueden haber muchas mas, pero esto es solo un ejemplo.
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