El Artículo 18 de la iniciativa 4021 Ley de Extinción de Dominio establece que: “La sentencia declarará la extinción de todos los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualesquiera otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien y ordenará su tradición a favor del Estado, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID).
La iniciativa 4021 presentada por los diputados Mariano Rayo y José Alejandro Arévalo llamada Ley de Extinción de Dominio, pretende que los bienes decomisados al crimen organizado, se entreguen a las fuerzas de seguridad del Estado para su uso. La propuesta está pendiente de dictamen favorable ante la Comisión de Legislación del Congreso de la República.
Rayo explicó que el proyecto busca otorgar lo incautado al Estado sin que exista una sentencia previa dictada por un juez. “No se trata sólo de agilizar sino de quitarle al crimen organizado los incentivos para cometer hechos ilícitos, es decir vehículos, armas, inmuebles joyas y todo tipo de bienes 72 horas después del decomiso”, refirió.
La iniciativa también busca arrebatar estas propiedades sólo con que exista la sospecha de que el producto es o será utilizado para cometer un hecho ilícito.
Rubén Eliú Higueros, presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, dijo que otorgar estos bienes al Estado ya está contemplado en el Código Procesal Penal, mediante una solicitud de las partes interesadas, después de que un juez competente dicta sentencia de comiso. “Lo incautado pasa a ser propiedad del Organismo Judicial”, indicó.
Sergio Dimec, jefe del Almacén Judicial, aseguró que dicho proceso puede tardar un promedio de un año. “Si no hay detenidos el procedimiento es más rápido”. El próximo mes se destruirán 1,500 armas, pues estas no se prestan a las necesidades de las fuerzas de seguridad. Antes de finalizar el año se tiene previsto destruir alrededor de 8 mil más.
En el caso de los vehículos, el proceso es similar, sólo que estos pueden ser subastados si no los quiere un ente estatal. En el Almacén Judicial se encuentran alrededor de 300 vehículos incautados.
“Se pretende a un corto plazo poder combatir al Crimen Organizado con su propio equipo sofisticado como vehículos blindados, armamento de alto alcance, avionetas, etcétera”, comentó Nery Morales, vocero del Ministerio de Gobernación.
Sin embargo, el problema es que todo lo incautado se ha quedado por mucho tiempo en los predios y bodegas del Organismo Judicial y en su mayoría hasta se vuelve inservible.
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