Tenemos cada vez más claro cómo funciona el sistema.
CAROL ZARDETTO
La corrupción es un tema central para comprender el caos en que Guatemala se ahoga. Adquiere múltiples formas: conflictos de interés (el Presidente no tiene empacho en admitir que Gregorio Valdés, contratista del Estado, es su íntimo amigo), clientelismo (se ofrece abiertamente adjudicación de obras a cambio de votos en el Congreso), abusos (viáticos y viajes faraónicos, beneficios irracionales, tales como gastos odontológicos en la Corte de Constitucionalidad), compras cuestionables (aviones militares en tiempos de baja recaudación), robos directos (Q82 millones del Congreso se esfuman o pertrechos militares van a dar a las manos de los narcos), falta de transparencia (sistemática oposición a que se ejerza auditoría sobre el programa de Cohesión Social) y, finalmente, la creación de un sistema que favorece las estructuras criminales.
En estos días se reclama a la justicia que sea operativa, que produzca resultados. El clamor es angustioso y, sin embargo, existe poca esperanza de que tenga una respuesta. La razón fundamental es que todo el sistema funciona para apoyar estructuras de poder informales vinculadas a la criminalidad y favorecer la corrupción. Así, crimen y corrupción se amalgaman y se tornan un complejo mal. La impunidad permite y garantiza que puedan operar sin estorbo y es por ello que quienes ostentan el poder se muestran tan reacios a generar las acciones de transformación del sistema de justicia que son urgentes.
Cuando la CICIG era un proyecto pendiente de aprobación, tuvo muchos detractores. Su argumento principal era la poca probabilidad que tendría de dar frutos en un medio tan hostil. Quienes a pesar de todo defendimos la propuesta teníamos la conciencia de que, en todo caso, la CICIG serviría para una cosa: desenmascarar los mecanismos de la impunidad.
La reciente acción de la CICIG contra la jueza Valenzuela es algo importante. Los jueces nunca son investigados, nunca se promueve en su contra acusaciones de corrupción y en los últimos diez años, ningún juez ha sido enjuiciado. Pareciera ser que existe una tácita connivencia para proteger su actuar, por muy evidente que sea el sesgo de sus fallos. Para colmo, toda la estructura administrativa encargada de investigar la corrupción judicial está ni más ni menos que a cargo de los propios jueces. Aparte, el Ministerio Público ha sido un actor irrelevante en el control de la corrupción judicial.
Resulta difícil hacer un pronóstico del resultado de la acción de la CICIG en Guatemala, pero lo cierto es que los ciudadanos guatemaltecos tenemos cada vez más claro cómo funciona la estructura corrupta del poder. Resulta de vital importancia poner todo el peso de la acción social sobre el sistema de justicia. Quizá sea este el cabo por donde podamos empezar a desenmarañar la madeja que nos atrapa.
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7 comentarios:
Pedro Juarez: (2009-06-12 11:42:41 horas)
Quiero felicitarla por excelente columna, en realidad hablar con tanta franqueza, me hace recordar a mi abuelo, claudio cellentano, por hablar tan claro, esto nos sirve a nosotros los guatemaltecos, que muchas veces no participamos de forma decidida para cambiar las cosas, felicitaciones por su opinion.
Estuardo Ibarra: (2009-06-12 11:33:05 horas)
Lei que en Guatemala el MP cuenta como con 300 investigadores... en comparacion, en El Salvador hay algo asi como 2,000 investigadores... con la mitad de la poblacion de Guatemala.....
Lo peor es que la cerradez de mente de nuestros gobernantes nos les permite ver que esa es la prioridad de cualquier gobierno... SEGURIDAD......
Rogelio Reyes: (2009-06-12 10:01:15 horas)
Creo que el actuar de la Jueza Valenzuela estuvo apegada a Derecho, toda vez que la CICIG fue creada para apoyar al MP cuando grupos PARALELOS DE SEGURIDAD que actùan a la par o dentro de las fuerzas de seguridad cometan ilìcitos penales; entiendo que se refieren a personas civiles que son contratatas por las fuerzas de seguridad del Estado para que hagan trabajos especìficos ( sicariatos por ej. ) o que pueden ser los propios agentes del Estado. Pero Portillo, no tiene nada que ver con estos grupos paralelos del Estado que andan en la prà ctica de ejecuciones extrajudiciales con agentes del Estado. Entonces sugieron que el Congreso amplìe la COMPETENCIA DE LA CICIG en el sentido que tambièn pueda investigar y querellarse en casos de alto impacto en Guatemala que se den no solo en el tema de muertes, sino tambièn de robos, desfalcos, estafas, fraudes al Estado de Guatemala por parte de funcionarios pùblicos en el ejercicio de su cargo, o en todo caso SOLICITAR OPINIONES CONSULTIVAS A LA CC para establecer hasta donde llega la competencia de la CICIG segùn su Ley.
Domingo Alvarado: (2009-06-12 09:54:43 horas)
Creo que por fin estamos entendiendo por dónde debemos dirigir nuestras demandas como ciudadanos, como dice ahora entendemos mejor quiénes eran los que se oponían a la famosa CICIG, que parece el globo al que nos queremos subir para no ahogarnos en este mar de impunidad!
Jose Contreras: (2009-06-12 08:14:08 horas)
Es URGENTE que se socialice en terminos practicos y no tecnicos lo que comenta la columnista.....Nuestro pais cuenta con DEMASIADAS leyes y muy poca JUSTICIA
A ver si los organizados en la llamada "sociedad civil" se dedican un poco mas a este menester y procurar que de esta manera los chapines comprendan como funciona y como "deberia" funcionar el sistema. Tal vez asi se deja de lado la equivocada ilusion de cada 4 anios en que un presidente sera el ser supremo que todo lo arregla con su voluntad....en otro canasto esta la vision equivocada que solo se tienen derechos y ninguna obligacion, pero ahi se la dejo
humberto morales: (2009-06-12 07:48:38 horas)
Dos cosas que me llaman la atención de la opinión de la Sra. Zardetto. Primero, que en realidad desde hace un buen tiempo tenemos en el gobierno un poder fáctico, es decir, gobierno realizado al margen de la ley. Si, aunque parezca una paradoja, decimos tener insitutuciones legales pero que actuan fuera de ella y entonces por eso vemos como hasta los mismos que deberían velar por el cumplimiento de la ley están actuando en contra de su "deber ser".
Lo segundo es respecto a la CICIG. Esta institución internacional es muy cierto que está desenmascarando algunos mecanismos de corrupción e impunidad, y la verdad me parece que hasta allí va ha llegar porque las instituciones se van a polarizar tratando por todos los medios de impedir el acceso a la CICIG. Espero equivocarme para el bien de este golpeado país.
JOSUE AUGUSTO PEREZ FIGUEROA: (2009-06-12 06:45:07 horas)
Todo y el Organismo Judicial, el MP y la Defensoria Publica, esta en manos de 4,6 miles de abogados notarios que son los que conforman las comisiones de postulacion y son ellos mismos los que optan para ocupar esos puestos. Esa camarilla, Constitucionalmente hablando tiene el monopolio de la JUSTICIA en Guatemala. Los otros 9.4 miles de abogados y notarios no se meten en babosadas. Su dignidad no se los permite.
El Problema de la Justicia tiene dos componentes. Las estructuras y los ciudadanos que la conforman.
Debe quedar claro, creo yo, que el pueblo no tiene la oportunidad de corregir este MONSTRUO LLAMADO ORGANISMO JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO, a no ser que constitucionalmente se cambie la estrucutura y se establezcan JURADOS compuestos por ciudadanos para juzgar a los sujetos a procesos penales.
Todos tenemos un sentido de Justicia y no solo los abogados y notarios, que por hoy monopolizan EL SISTEMA DE JUSTICIA EN GUATEMALA.
De paso, PRO REFORMA no propone nada al respecto.
NUEVA GUATEMALA DE LA ASUNCION
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