Garantes hacen una nueva propuesta en la hoja de ruta
Más que especificar el presupuesto es necesario incorporar datos sobre la estrategia de ejecución y priorizar los temas más importantes, dicen analistas.
Rosario Sandoval*
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Jose Luis Pos
colom aseguró ayer que ninguno de los garantes se retirará del proceso del acuerdo de Seguridad.
La propuesta
>El G-4 entregó un documento en el cual están contenidas sus propuestas para perfeccionar la hoja de ruta para el cumplimiento del Acuerdo Nacional de Seguridad. >Nery Rodenas de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), indicó que la propuesta se resume en tres aspectos. “el presupuesto, redacción y contenido”. >Dijo que el G-4 espera la reacción del Gobierno. “Si se determina que hay algún nivel de disposición, veríamos si seguimos como garantes”.
Álvaro Colom lo definió como “un acuerdo histórico que deberá fortalecer y evolucionar los planes de los distintos poderes del Estado y del Ministerio Público (MP)”.
Se refería al Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia, el documento que consta de 10 ejes de acción y 101 compromisos encaminados a devolver la credibilidad y fuerza a las instituciones encargadas de la gobernabilidad del país y el mismo que rechazó el grupo de garantes (G-4) por considerarlo disonante con la esencia del plan.
Ayer, el G-4 entregó a Colom el documento con sus observaciones y a pesar de que el Cardenal y el Rector de la Universidad de San Carlos (Usac), dos de los garantes, no estuvieron presentes, el mandatario descartó que estos abandonaran el programa.
Expresó, que las anotaciones hechas en el documento entregado por el G-4, ayudarán a perfeccionar la hoja de ruta que incluye propuestas como la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la construcción de cuatro centros de atención especializada para niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, cuatro centros para adultos, tres módulos de alta seguridad y la creación de una entidad especializada para la investigación criminal.
La cuestionada hoja de ruta
La hoja de ruta fue elaborada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Su propósito es ofrecer más datos respecto a la forma de ejecución, el tiempo de cada uno de los compromisos, así como el presupuesto necesario y los responsables.
En esta se establece que cada proyecto dependerá económicamente de la institución que la regula. Por ejemplo, la creación de la nueva División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) está bajo la responsabilidad de Gobernación y la Policía.
Los analistas refieren que el documento se queda corto en la manera de explicar las actividades que le darán forma. Por ejemplo, el punto 42, que habla de la DEIC sólo indica un plan de reestructuración, un presupuesto de Q2 millones 304 mil 200 y un período de seis meses para completarse. “Más que indicar cuánto dinero costará cada compromiso es oportuno explicar su proceso de implementación”, considera Enrique Álvarez, director de Incidencia Democrática.
El punto 12 sólo establece la creación de cuatro centros de atención para niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, un presupuesto de Q240 millones y que dependerá de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Carmen Rosa de León Escribano, directora de Iepades indica que a la hoja de ruta le falta poner plazos más precisos e incorporar datos sobre la estrategia con que se cumplirá cada uno.
Luis Ramírez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, agrega a la discusión la necesidad de priorizar cinco temas y trabajar con ellos en el corto y mediano plazo. Sistema penitenciario, policía de investigación criminal y cárceles, entre otros.
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