Mi Familia Progresa llega al primer municipio del distrito central

La llegada de Mi Familia Progresa al departamento de Guatemala será el próximo martes, cuando el programa coordinado por el Consejo de Cohesión Social (CCS), realice la primera entrega de transferencias condicionadas en San Juan Sacatepéquez.

Hasta ahora, la presencia del programa se había limitado a los otros departamentos, y otros como Escuelas Abiertas y Bolsa Solidaria se limitaban a la capital y los municipios cercanos.
Este municipio no estaba previsto originalmente en la lista de municipios priorizados por sus índices de pobreza; sin embargo, a principios de este año fue incluido entre los 49 municipios de la tercer etapa de cobertura.

La alcaldesa del lugar, Marta Sicán Ajcuc de Coronado, manifestó estar complacida con la llegada del programa. Según indicó, la pobreza en las zonas rurales del municipio llega a niveles preocupantes.

Sicán agregó que fue debido a gestiones realizadas por la municipalidad que se logró, pues el Consejo ya tenía fijados a los municipios que beneficiaría.

Las previsiones del Consejo eran de incluir a 40 municipios en la tercera fase, pero el número creció. Édgar Rosales, vocero del CCS, indicó que el número de municipios se incrementa en la medida que se determina que el programa tiene más capacidad de cobertura, pero no es por peticiones de las municipalidades, sino con base en el listado de municipios más pobres.

Pese a ello, la tabla más reciente, elaborada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) en junio de 2008, coloca al municipio en el puesto 234 de prioridad según los datos de extrema pobreza; mientras Chuarrancho, del mismo departamento, se encuentra en la posición número 136, pero San Juan Sacatepéquez cuenta con una población electoral seis veces mayor que la de Chuarrancho.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EG), señaló que ya hay un señalamiento de la Contraloría General de Cuentas (CGC) sobre la falta de mediciones de impacto, y la selección arbitraria de municipios puede ser un indicio de que el programa no llega a donde debe, sino a donde le conviene al Gobierno.

La congresista añadió que el acercamiento al área metropolitana puede deberse a que es donde hay mayor acceso a medios de comunicación y la popularidad del Gobierno se ha visto más afectada, pero aclaró que para confirmar esto se necesita revisar datos que el Consejo no ha querido entregar.

Un municipio difícil

El municipio más cercano a la capital que cubre Mi Familia Progresa también ha sido uno de los que más dificultades le ha representado para identificar a los posibles beneficiarios, ya que muchos de sus pobladores se niegan a ser censados.

Los pobladores de cuatro aldeas y nueve caseríos se oponen a recibir ayuda del Gobierno o la municipalidad. Estas comunidades se encuentran cerca del lugar en que la empresa Cementos Progreso planea instalar una fábrica, y a criterio de los habitantes los recursos que se les entreguen provienen de la compañía para persuadirlos de aceptar la construcción.

Osvaldo Tezén, miembro de un Consejo Comunitario de Desarrollo (Comude) del municipio, señaló que el problema se incrementó cuando los vecinos oyeron la palabra “progresa” en el nombre del programa y lo relacionaron con la empresa.

Tezén habita en la aldea Loma Alta, una de las comunidades renuentes, y señaló que en un sector del lugar se amenazó a los empleados públicos de quemarlos si continuaban en su intento por conseguir los datos de los aldeanos.

Irma Raxón, ex trabajadora del programa, relató que un equipo conformado por personal de Mi Familia Progresa y del Instituto Nacional de Estadística (INE) fueron expulsados de la aldea Cruz Blanca.

Los aldeanos habían llegado en unos 30 vehículos con la intención de concluir ese día el censo en el lugar, pero antes de las 10:00 horas ya habían abandonado el lugar, debido a las persecuciones, amenazas y golpes en los callejones de la aldea.

A pesar del notorio rechazo, hay personas en las aldeas que han manifestado su intención de ser cubiertos por el programa. Aunque la alcaldesa señaló que ya no queda nada por hacer, pues desde hace más de un año que se trata de dialogar con el grupo que promueve estas acciones, pero no ha habido resultados.

No obstante, Rosales aseguró que se trabajará con la alcaldía y los Cocodes (Consejos Comunales de Desarrollo) y líderes de las comunidades para tratar de persuadir a la población de que acepten incorporarse al programa.

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