Ligan a ex funcionarios del MP en proceso de Rivera

Los dos ex funcionarios del Ministerio Público (MP), que estaban pendientes de captura, acusados de entorpecer las pesquisas relacionadas al asesinato de Víctor Rivera, se presentaron ayer al Juzgado Octavo de Instancia Penal a resolver su situación jurídica. Después de cuatro horas de espera y cinco más que duró la diligencia, la juez Marta Sierra decidió ligarlos a proceso por los delitos de conspiración y obstrucción a la justicia.

Se trata de Leyla Susana Lemus Arriaza, ex subdirectora de la Oficina de Protección al Testigo y Pedro Pablo Girón Polanco, ex jefe de la Unidad de Análisis de esa misma sección. Ambos fueron beneficiados con arresto domiciliario, obligación de firmar el libro de asistencia cada 30 días y fianza de Q25 mil. El fiscal especial a cargo de la investigación, José Guillermo Acevedo, pidió prisión pues argumentó, entre otras, que existía peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad.

Sierra dijo que la fiscalía especial coordinada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no demostró la existencia de estos elementos, por lo que no había razón para no concederles su libertad.

La defensa de ambos sindicados aseguró durante la audiencia de primera declaración que la Fiscalía no presentó evidencias necesarias para vincular a los sindicados a los delitos imputados.

Acevedo aseguró que ambos ex funcionarios haciendo uso de los recursos del MP y valiéndose del cargo que ocupaban, se confabularon con el ex fiscal de Delitos Contra la Vida, Álvaro Matus para permitir que la testigo protegido María del Rosario Melgar Martínez, quien acompañaba al ex asesor de Gobernación, Víctor Rivera el 7 de abril, cuando lo asesinaron, saliera del país evadiendo el registro migratorio.

Los defensores argumentaron que ambos sindicados cumplieron con sus funciones dentro de la institución y que su actuar dependía de Carlos Roberto Enriquez Cojulún, ex jefe de ese departamento.

Álvaro Matus, ex fiscal de Delitos Contra la Vida, criticó el accionar de la fiscalía especial. “Persigue a personas que trabajaron apegadas a derecho. Lo hacen sólo porque no se han prestado a declarar ante ellos hechos falsos”, sostuvo. El ex funcionario dijo que es lamentable que a lo interno de la institución se susciten protestas pero consideró que es una medida del personal para que sea escuchada su voz. “Que no extrañe que se inicien procesos internos en contra de estos empleados”, dijo.

Matus aseguró que la CICIG tuvo acceso a la investigación a los diez días del asesinato de Rivera, “si ellos tenían conocimiento de la existencia de obstrucción por qué no lo denunciaron en su momento, la fiscal costarricense Gisel Rivera y el español Antonio Espigal, también entrevistaron al testigo protegido. Además yo nunca tuve el expediente físico del caso, estuvo a cargo de Erick de León y Alfredo Solórzano, quienes hicieron un buen trabajo”.

Suspenden labores

Oficiales, auxiliares y fiscales de distintas secciones del MP suspendieron sus labores desde horas de la mañana de ayer. Esto con el objeto de manifestar para respaldar a sus compañeros de labores.

Además se hicieron presentes en el Juzgado Octavo, luego de que surgiera el rumor de que existían más de 20 órdenes de aprehensión pendientes en contra del personal del ente investigador. Tanto la juez de esa instancia Marta Sierra como el fiscal general Amílcar Velásquez Zárate desmintieron tal extremo.

El funcionario calificó de normal la actuación del personal del MP, “entiendo el malestar”, dijo. “Tienen derecho a expresarse, la Constitución les garantiza ese derecho”, enfatizó.

Agregó que todo funcionario que se establezca que pudo haber cometido un delito será investigado.

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