Desperté luego de haber soñado algo imposible. El Gobierno había decidido iniciar una política de austeridad al reducir varios millardos de su presupuesto anual de ingresos y gastos. Desde el Presidente hasta el funcionario de baja jerarquía se bajarían el salario en dos terceras partes. Todos los gastos superfluos serían suspendidos en su totalidad. Los fondos de Cohesión Social se canalizarían por los ministerios correspondientes. Los otros poderes del Estado también adoptarían esa política. La CSJ aceleraría los juicios pendientes contra los funcionarios corruptos, obligándolos a devolver los fondos robados y a cumplir una merecida condena durante el resto de sus vidas. El MP había sido depurado, igual que el Congreso, al reducir a la mitad el número de diputados. Los impuestos serían reducidos, y con ese clima de justicia, seguridad y bienestar para los más pobres, se despertó el interés de muchos empresarios locales y de todo mundo para invertir capital nacional y extranjero.
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