La justicia con espada y rabia

Terminó la injerencia judicial española en los asuntos de otras naciones. Los legisladores, a toda prisa, aprobaron una ley para impedir que la Audiencia Nacional continúe juzgando presuntos crímenes ocurridos fuera del país. Lo que parecía ser una actitud generosa para castigar culpables de crímenes horrendos, se había convertido en una actividad disparatada y frívola.

Aunque no se mencionó, el detonante pareció ser la decisión de un juez de encausar a China por la represión contra los tibetanos y a ciertos altos funcionarios norteamericanos por las torturas cometidas contra los detenidos en Guantánamo. Era un despropósito que España se convirtiera en el vengador de los crímenes ajenos cuando el país ignoró o amnistió los cometidos durante la guerra civil por los propios españoles.

Los tribunales españoles no están para impartir lecciones internacionales de probidad y justicia. Entre las instituciones más deterioradas del país está, precisamente, el poder judicial. La justicia española no tiene una venda en los ojos y una balanza en la mano, sino empuña una espada con rabia y lleva una escarapela en la cabeza. Se ha devaluado vergonzosamente.

El asunto es muy grave. La espina dorsal de la estabilidad política y de la conformidad de los ciudadanos con el sistema político en el que viven es la administración de justicia. Cuando el ciudadano percibe que el Estado no actúa justa y equitativamente, su reacción predecible será militar contra el sistema. Otra de las consecuencias más devastadoras de la mala calidad de la justicia es que la sociedad que la padece multiplica el incumplimiento de las leyes. ¿Para qué obedecer las reglas si ignorarlas no acarrea consecuencias o solo las tiene para quien no posee las conexiones adecuadas?

Y si en España es grave el paulatino deterioro de la justicia, en América Latina el panorama es aún más desolador. Los partidos políticos se reparten las instancias judiciales como si fueran parcelas de poder o un botín conseguido tras el asalto a las urnas. Los políticos se aseguran la impunidad propia nombrando a “sus jueces”, o utilizando los tribunales para descabezar al adversario fabricándole falsos delitos. Es lo que estamos observando todos los días en Venezuela con el acoso a Globovisión y a la familia Zuloaga. Es lo que sucede en Nicaragua con la artificial persecución judicial a uno de los líderes de la oposición, Eduardo Montealegre.

Es lo que vemos en la utilización de Interpol para perseguir a los enemigos, transformando esa útil red policiaca internacional en un brazo sectario dedicado a inmovilizar a enemigos incómodos que ni siquiera pueden viajar porque no saben en cuál aeropuerto serán detenidos, catalogados como delincuentes peligrosos por algún gobierno inescrupuloso.

¿Es posible la justicia penal internacional? Tal vez sí (aunque tengo mil dudas y objeciones), pero siempre y cuando los tribunales no sean nacionales, sino internacionales, para que no intervengan en sus decisiones y sentencias las batallas políticas internas o la búsqueda de notoriedad de jueces y fiscales que desean construirse un futuro político propio. En todo caso, harían muy bien España y las naciones latinoamericanas en examinar con mucho cuidado el sistema de administración de justicia que poseen. Están minando los fundamentos del Estado de derecho. Están jugando con fuego.

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