Varios meses atrás me pidió cita un ejecutivo, representante de una transnacional dedicada a negocios de seguridad. El hombre, un extranjero, llegó a mi oficina para defender a la compañía que lo empleaba, la cual se encontraba, en ese momento, bajo ataque mediático por participar en la licitación del Documento Único de Identidad.
En esa reunión hablamos de la empresa, su experiencia en otros países y cifras de facturación. Yo hubiera querido conversar más acerca de los personajes locales que están en la industria o quieren entrar a ella. Surgieron nombres como el de Piero Cohen, Gregorio Valdés, un financista del Patriota y un diputado unionista, algunos de los cuales se vuelven a mencionar ahora, tras el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Pero en vano fueron mis preguntas, el hombre apenas si se aventuró a hacer algún comentario fuera del guión.
Al final del encuentro acabé por entender su prudencia y mientras se despedía frente al elevador, me quedé pensando en lo peligroso que debía ser ese negocio, no sólo por la cantidad apabullante de millones que hay en juego, sino porque el tema de la identificación de personas en Guatemala atraviesa, milímetro a milímetro, como cortadora de jamón, asuntos tan espinosos como el padrón electoral y las cuevas del crimen organizado.
Las últimas noticias del caso Rosenberg me han hecho recordar esa entrevista. Las investigaciones han revelado que el jurista fundó empresas que se presentaron en la licitación de un contrato similar: el de la emisión de pasaportes.
Se trata de un hecho relevante que abre una nueva veta en las indagaciones del crimen. De la misma forma en que el manejo de los jugosos fideicomisos del Estado puede ser motivo suficiente para que una bestia se decida a matar, el control de los documentos de identidad puede hacer que otro energúmeno le mande a uno a “cancelar la fe de edad” (eufemismo utilizado en la guerra para ordenar ejecuciones extrajudiciales).
En efecto, disponer de la emisión y el resguardo de estos documentos es como tener un pozo petrolero: quien “gana” la concesión adquiere además del negocio, un recurso estratégico que, mal utilizado, puede contribuir a alterar elecciones, la porosidad de las fronteras y obstruir la justicia.
En un país como el nuestro, paraíso de criminales, ¿se pueden imaginar ustedes cuánto vale asegurarse el control de esos documentos? ¿Impedir que otro le arrebate a uno ese calibre de poder? ¿Peor aún, cuánto vale que un solo grupo empresarial llegue a consolidar el monopolio de toda la operación, datos incluidos?
Estas son preguntas que la CICIG y la Fiscalía deben tomarse muy serio para esclarecer el asesinato de Rosenberg. Pero más allá de eso, el hecho mismo de que este tipo de contratos tengan la capacidad de generar conflictos –¡y crímenes!– que ponen en jaque la estabilidad política y la administración de justicia de nuestro país, debe llamarnos a reflexión.
Quizá hemos considerado con demasiada ligereza la “tercerización” de servicios del Estado que resultan medulares para la seguridad nacional. Con esto no quiero decir que forzosamente regresemos al viejo sistema, pero sí creo que necesitamos escrutar con mayor atención cómo se licitan estos servicios y a quiénes se confían. En Guatemala no hay abogado que no haya fundado sociedades anónimas, ni persona con patrimonio que no las haya utilizado por un sinfín de razones. Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra.
Sin embargo, eso no quita que hay cierto tipo de empresas –en especial las que prestan servicios públicos o licitan para el Estado– donde el anonimato no debería permitirse. Vivimos llorando por los monopolios solapados, el tráfico de influencias, el pago de favores políticos y dineros de campaña. Está en nuestro poder cambiarlo. Ahora, ¿realmente queremos cambiar, lograr transparencia, Estado de derecho, igualdad ante la ley? ¿O sólo nos gusta azotarnos en público? Vea www.dinafernandez.com
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6 comentarios:
alfonso villacorta: (2009-06-29 23:18:22 horas)
Es muy ingenuo seguir mentando a la tal cicig. Si el difunto licenciado usaba de testaferro a su empleado, podemos estar seguros que nadie va a publicar resultados de investigacion alguna.
Creo que Dina esta cerca, peligrosamente cerca, de dar en el clavo del negocio de las identidades donde los documentos, sea el unico de identidad o pasaporte, son solo un negocio nominal, porque lo que se esconde detras es el negocio real.
Dentro de ese escondido estan las ventas de identidades a narcos y cualquier delincuente que con nueva identidad puede re hacer su vida y que, coincidentemente, tiene el dinero suficiente para hacerlo. TAmbien esta el caso de asiaticos o de orientales medios que pueden intentar entrar a Estados Unidos como guatemaltecos y que no tienen limitaciones economicas para comprar un pasaporte con nueva identidad.
Los abogados por la naturaleza de su trabajo son maestros en el manejo de identidades, para adopciones, para herencias, apropiaciones y litigios en general. Estamos muy lejos de tener microchips epidermicos para identificacion si todavia el documento unico, con su vulnerable seguridad, esta costando tanto.
Dina Fernández: (2009-06-29 19:36:02 horas)
Manuel tiene razón. Mal título. No sabía qué poner. Saludos a todos.
alicia villavicencio: (2009-06-29 12:33:51 horas)
Ni en público ni en privado...
Tiene razón en mencionar lo de no perminiir el anonimato a aquellas empresas al que el gobierno licita los servicios que ellos no se ven capaces de dar. Yo considero, que el gobierno no debiera de terciar -como dice usted- ciertos servicios harto obligados a dar a la ciudadanía en general por que la responsabilidad en el manejo de esos servicios se pierde en el anonimato de la "sociedad anónima"...
Muy atinada su observación.
anibal perez: (2009-06-29 09:40:21 horas)
Desde hace unos buenos años he visto airearse públicamente oscuros negocios con el Estado, que antes era materia de especulaciones, de conjeturas sobre círculos cerrados de gente con acceso exclusivo a tales contratos. Si los tiempos han cambiado, forzoso es cambiar la forma en que se tratan tales contratos. Esta columna refleja esa libertad de prensa que es necesaria. Se nos explica los posibles tramos morbosos, reales y potenciales conexiones criminales que adolecen los contratos con el Estado. Nada mejor, para el país, de tratar públicamente estos temas. Ojalá llegue el día en que ser contratista del Estado sea equivalente a ser considerado como diputado: un paria nacional mientras no se depure esa podredumbre que lo estigmatiza automáticamente.
Manuel Aler: (2009-06-29 09:06:07 horas)
Excelente artículo. Retrata al guatemalteco privilegiado que piensa y actúa de la siguiente manera: "Que se jodan todos, menos yo."
Me parece que el título era de otro artículo.
Marjorie Koplowitz: (2009-06-29 03:02:07 horas)
Esto es verdaderamente terrorifico! El estado sin la capacidad ni voluntad de profesionalizar sus cuadros y hacer el trabajo que le corresponde, y las mafias acaudaladas peleandose por los negocios que ponen en juego la sobrevivencia del estado. Esto no es nada mas ni nada menos, el resultado del pago de facturas politicas a lo largo de los anios. Los valores morales fueron enterrados, y hoy por hoy, gobierna el mas alto postor --el presidente es unicamente una figura que les permite seguir captando mas dinero. Y despues nos preguntamos el porque de los golpes de estado!
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