La destitución o la renuncia del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, ha agudizado la crisis política e institucional que vive Honduras desde hace varios días, a raíz de que Zelaya inició el proceso hacia su reelección, pasando por una reforma constitucional.
El detonante de la crisis fue la decisión de Zelaya de convocar a una consulta popular sobre la instalación de una asamblea constituyente sin la intervención del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual, por mandato constitucional, es el único órgano encargado de organizar procesos electorales. Dicha decisión fue declarada ilegal por el TSE, el Congreso y la Fiscalía. No obstante, Zelaya siguió adelante y ordenó a la cúpula militar que repartiera el material para la consulta, que fue preparado y transportado a Honduras por el gobierno venezolano. Los militares se resistieron a acatar dicha “orden ilegal”, por lo que Zelaya los destituyó, medida que fue revertida por la Corte Suprema de Justicia. Esto no impidió que Zelaya distribuyera el material para la consulta a nivel nacional, a fin de que la misma se pudiera celebrar el día de ayer.
Aparentemente, una resolución judicial emitida por un tribunal de lo contencioso administrativo, habilitó a las fuerzas armadas para arrestar a Zelaya, ante lo cual este renunció, extremo que no está claro. Posteriormente, Zelaya fue transportado con custodia militar a Costa Rica. De ahí surge la versión del “golpe de Estado”, que ha sido acogida, en principio, por la comunidad internacional.
Ayer, a mediodía, el Congreso, por decisión unánime de sus diputados, aceptó la renuncia de Zelaya, lo separó del cargo y designó al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, para que asumiera el cargo de Presidente de la República para completar el actual período presidencial.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a quien se señala de ser el padrino de Zelaya, reaccionó con ira ante la separación de Zelaya, amenazó con declarar la guerra a Honduras y derrocar al gobierno de Micheletti.
Por su parte, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, asumió la versión del “golpe de Estado” y exigió la restitución de Zelaya.
Como podrá advertirse, la situación es compleja y se espera que, por el bien del pueblo hondureño, evolucione sin apartarse de la senda democrática y constitucional.
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