El defenestrado presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en compañía del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza y del presidente de Ecuador, Rafael Correa, entre otros, arribará presuntamente el sábado próximo a Honduras con el propósito de reasumir sus funciones presidenciales.
Sin duda, será muy interesante observar cómo se desarrollará este proceso de restitución (sin precedente), sobre todo considerando que Zelaya no goza de respaldo institucional alguno y que en su contra pesa una orden de captura por la comisión de varios delitos. Además, hay un nuevo gobierno en funciones.
Debe tenerse presente también que el sistema de gobierno hondureño, además de democrático, es republicano, por lo que se rige por un ordenamiento jurídico coercitivo. Adicionalmente, el presidente de Honduras, de acuerdo con la Constitución, no goza de inmunidad y, por ende, no tiene derecho de antejuicio o de desafuero (declaración previa del Congreso sobre si ha lugar o no a formación de causa penal), sino que es susceptible de persecución penal inmediata.
Asimismo, conforme la Constitución solamente una amnistía decretada por el Congreso puede eximir de responsabilidad penal a un sindicado de la comisión de delitos políticos y comunes conexos.
Es decir que Zelaya, en el hipotético caso de que fuera restituido, bajo la ley hondureña podría enfrentar un proceso penal por los delitos que se le imputan, cuyas primeras consecuencias podrían ser que quede suspenso en sus funciones y que se le decrete prisión preventiva. ¿O deberá entenderse que el apoyo internacional le da una suerte de inmunidad y de no sujeción a la ley hondureña?
Por otro lado, la llegada de Zelaya a Honduras está precedida por declaraciones de este en el sentido de que proseguirá con su “consulta” (en función de la reelección presidencial), que ya fue declarada ilegal por tribunal competente, y que el “golpe de Estado” en su contra no quedará impune.
¿Será, entonces, que la restitución de Zelaya implicará que el Congreso, los tribunales de justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio Público deberán subordinarse a Zelaya? ¿Deberá asumirse también que la restitución le garantizará una presidencia imperial sin rendición de cuentas y que tendrá vía libre para asegurarse la reelección?
Dos preguntas finales: ¿quién juzgará y castigará a todos los que intervinieron en la destitución de Zelaya (diputados, militares, jueces, fiscales y demás)?¿Se instalará en Honduras un poder supranacional?
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