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Luis Soto
El Vicepresidente Rafael Espada junto al jefe de la CICIG Carlos Castresana.
Un movimiento que aglutina a una treintena de organizaciones sociales respaldó ayer, en un evento magno, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Es, hasta ahora, el espaldarazo más significativo que ha recibido la comisión de Naciones Unidas instalada en Guatemala como una fiscalía especial para desarticular las mafias que operan en el país.
Los representantes de universidades privadas, el cuerpo diplomático en pleno, acompañados de los grupos juveniles que han emergido después del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, y líderes del empresariado guatemalteco, en una serie de peticiones, requirieron al presidente Álvaro Colom extender el mandato de la CICIG por dos años más y apoyar todas sus acciones.
“Que como muestra inequívoca de su compromiso con su pueblo… le pida de inmediato a la bancada del partido Unidad Nacional de la Esperanza el apoyo correspondiente en el Congreso de la República” para la extensión del tiempo de trabajo de CICIG, dice el documento. Los convocados además requirieron depurar el Ministerio Público (MP) y declararon como primera acción, vigilar el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones.
El acto cobra significancia sobre todo porque hace solo días, un grupo de empleados del MP hizo plantones en solidaridad a los auxiliares fiscales y fiscales a quienes la CICIG ha abierto procesos públicos.
Helen Mack, un icono de la lucha contra la impunidad, tomó el micrófono y habló de dos caminos: el primero, conformista y resignado, para que la sociedad se entregue a la indolencia; el segundo, es el de los desafíos, eliminar el inframundo de la impunidad.
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