El sistema judicial no ha sido nunca un modelo de corrección. Aquí en Guatemala tenemos una estructura que promulga leyes contradictorias, con innumerables fallas voluntariamente establecidas por los legisladores, que permiten un amplio margen para aplicarlas, dejarlas de aplicar o para evadirlas. Y estas fallas son las que incentivan la corrupción de jueces y magistrados.
En el pasado, el tráfico de influencias judiciales estaba monopolizado por una oligarquía de abogados de ilustres apellidos, reputados próceres de nuestra sociedad, que eran los que tenían el derecho de llave a jueces y magistrados. Los magistrados de las cortes altas habían sido compañeros de banca en colegios, institutos o universidades. También habían sido socios en bufetes o compañeros de litigios. Esta familiaridad garantizaba la recepción de llamadas telefónicas o visitas al despacho cuyo resultado era orientar los fallos en la dirección que estos abogados ilustres pidieran, lo cual, a su vez, redundaba en contratos lucrativos y mandatos de empresas millonarias que, no pocas veces, también favorecían a los juzgadores.
Con la democratización del país vino también la democratización y descentralización de la corrupción. Los sectores empresariales emergentes –que empezaron a competir con las oligarquías por el control de los partidos políticos– requirieron también de operadores jurídicos que les extendieran también a ellos la inmunidad de la que han gozado siempre los grandes grupos económicos. Y fue así como, a la luz de de ciertos partidos políticos anatemizados por la “gente bien”, crecieron como hongos estos empresarios, compitiendo en contratos con el Gobierno pero además en áreas más grises como el contrabando –un coto antes exclusivo de militares y sus socios en la oligarquía–, robos de autos, secuestros y narcotráfico. Los “empresarios emergentes” financiaban a los partidos para ganar elecciones y estos, al asumir el poder extendían, las patentes de corso a sus financistas.
El nuevo sistema de nombramiento de jueces superiores instaurado a partir de 1986 redujo el poder de designación del Ejecutivo, casi siempre en manos de operadores de la oligarquía tradicional, para repartirlo entre partidos políticos , universidades y gremios. Con el nuevo sistema, se vio la gran creatividad de estos empresarios emergentes para disputar el control del poder real a la oligarquía, que ya no pudo volver a colocar a sus operadores jurídicos en todos los puestos clave de la justicia. Y así llegamos a una situación en la que magistrados aceleran o demoran discrecionalmente procesos ya no sólo a favor de los grandes grupos y aprovechan contradicciones y vacíos intencionalmente colocados en las leyes por los legisladores, que no son más que representantes de partidos a los cuales financian esos “empresarios emergentes”.
Con un sistema así, que estimula la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad, díganme ustedes ¿qué salidas le quedan al país para tener un Organismo Judicial honorable y eficaz?
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10 comentarios:
julio urizar: (2009-07-07 16:55:43 horas)
la respuesta es muy dificil de decirla ,mientras los guatemaltecos poderosos que pueden cambiar el futuro de nuestra sufrida guatemala sigan teniendo esa mentalidad de los primeros conquistadores espanoles (,saqueo y abuso),o son tan idiotas que la unica manera que se hacen ricos es mediante el robo ,en donde esta su decendencia europea que los caracteriza como personas creativas, innovadoras , dejemos a nuestros decendientes un mejor pais ,cambiemos nuestra mentalidad
Juan Pensamiento Velasco: (2009-07-07 15:34:35 horas)
Ah, pues tal vez el intachable Ríos Montt nos puede dar consejos...
Aunque sea la de Perogrullo: un órgano que ejerza control sobre la actuación de los jueces y abogados; independiente de la ingerencia política de los Organismos de Estado, del Colegio y asociaciones de abogados. Sobre todo que sea autónomo y sobre el cual no tengan potestad de designación las entidades objeto de control –por ende el crimen organizado ni los grupos de poder e intereses ilegítimos que controlan los partidos políticos. Su objeto sería el de ser receptor de denuncias en que, como producto de la actuación irregular de jueces y abogados, se vean afectados los derechos constitucionales y fundamentales de las personas –jurídicas o individuales— o de una comunidad. Su fin último consistiría en controlar a través de la investigación imparcial el cumplimiento de los deberes de los jueces o abogados en todo tipo de proceso en donde se tenga noticia de cualquier irregularidad en sus actuaciones y de esa forma buscar evitar el abuso de autoridad o del poder, encausando criminalmente a los responsables.
Podría pensarse en una conformación heterogénea, con la participación de los notables de todos los sectores sociales, con la supervisión de órganos de probidad provenientes de la comunidad internacional.
Esa entidad podría ser el principio para encontrar una salida. Porque en este momento se está emitiendo una resolución en uno de los nuevos juzgados de trabajo, mediante la cual se reitera un requisito previo infundado, con lo cual retarda injustamente el trámite de un proceso donde se reclaman prestaciones necesarias de carácter alimentario…O un tribunal está dictando una sentencia en abierta contradicción con la doctrina legal sentada por la Corte de Constitucionalidad… O en la Corte Suprema de Justicia le están indicando a una persona que espere la notificación de trámite de su solicitud de amparo, la que actualmente podría demorar más de ocho meses, porque así, le indican, se están notificando…
Lo propio está ocurriendo en un Juzgado Civil dejando impune, bajo el disfraz de las formas, la actuaciones de mala fe o fraudulentas incurridas por un deudor o por un acreedor que tiene influencias para que no haya una defensa con arreglo al debido proceso para la otra parte… Y lo propio pasa está pasando en los juzgados penales y en el Ministerio Público... Hay personas del sector justicia, que creen que problemas sólo los hay en el trámite de juicios penales de alto impacto, pero eso no es cierto y tal concepción engrosa la causa del problema.
La anomia, al final de cuentas afecta todos los ámbitos de la vida en sociedad, siendo que el problema ya no sólo proviene del Poderoso Caballero que es Don Dinero –que en todo momento logra quebrantar los fueros de la justicia— sino de una cultura de egoísmo, abuso de poder y privilegio que se niega dar paso a la convivencia pacifica.
Sergio de León Sandoval: (2009-07-07 11:57:21 horas)
Justicia comunitaria. Pidámosle lecciones a los pueblos indígenas.
Luis de León: (2009-07-07 11:51:09 horas)
Sr. Berganza:
Tal y como lo expone y analiza, cambiar esta situación será MUY DIFÍCIL; porque los compromisos y pactos acordados entre políticos, abogados, empresarios, operadores de justicia, etc.; protegerán fundamentalmente intereses particulares, que representan, básicamente PODER Y DINERO.
Para acabar con este VICIO, sería recomendable IMPORTAR JUECES para todas las cortes, y así se garantizaría LA IMPARCIALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA.
NO SALDRÍA TAN CARO puesto que los SALARIOS actuales y todos los BENEFICIOS, que reciben estos "ineficientes" operadores de justicia -aplican excepciones- se encuentran inclusive más arriba, en la escala salarial, que los salarios de operadores de justicia de algunos países desarrollados.
Podría seguir pagándose lo mismo, PERO CON RESULTADOS DIFERENTES.
ivan Gonzalez Prieto: (2009-07-07 11:43:38 horas)
Esa es la pregunta del millon.
Blanca Rosa González: (2009-07-07 09:59:47 horas)
Lo que procede es una reestructuración a fondo de todo el sistema de justicia, Reesctructuración que no perdone cabezas, desde el conserje que permite a "determinados" litigantes el ingreso a tribunales y el pase a los jueces hasta los magistrados que retrasan maliciosamente la aplicación de justicia.
juan antonio lópez: (2009-07-07 09:20:31 horas)
Tiene toda la razón Don Gustavo, pero desde cuando estamos así? siempre se maneja la justicia de esa manera, pero también hay gente que paga para mantener a otros detenidos y como los jueces no tienen los pantalones bien puestos, prefieren que les unten la mano y actuar como uested lo señala.
carmelo Perez: (2009-07-07 09:04:07 horas)
La única salida mi estimado Gustavo es eliminar ese organismo
OTONIEL MORALES: (2009-07-07 07:44:11 horas)
Aunque es o parece una tremenda tontera pero lo que le queda al pais para tener un organismo judicial honorable y eficaz es que cada juez y agreguemos cada fiscal y de repente cada abogado, se obligue a portar una caja negra como las usadas en la aviación para poder encontrar en un momento de crisis "qué situaciones o sucesos puedan ocasionar las -caídas-" ¿parece tonto, no? Los vecinos con poca capacidad de defensa que están en las cárceles o en riesgo permanente de ser llevados a ellas, contra los vecinos que "SI pueden defenderse pagando fiancitas, o con derecho a hospital privado, o con arreglos que les permiten clausuras, de cualquier forma a sus juicios, etc. etc." esperaríamos que cualquier magistrado electo sea fiscalizado PERMANENTEMENTE, porque como decía don
Clemente Marroquín Rojas, cañonazos de un millón o más doblegan a cualquiera.
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