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Jesús Alfonso
Sandra de Colom durante la presentación de los resultados de la inversión de las transferencias.
Según las cifras presentadas ayer durante la rendición de cuentas del programa de transferencias condicionadas Mi Familia Progresa (MFP) de un total de 66 mil 803 beneficiarios encuestados, el 99 por ciento (65 mil 847) no aceptó que otras personas ajenas al programa conozcan sus datos y sólo 956, el uno por ciento, indicó que no tenía reparo en que se conocieran. Esta información fue presentada ayer por Édgar Grisolía, director del programa.
Sin embargo, los datos trajeron inmediatas reacciones. La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, aseguró que esta es una muestra más que la lleva a concluir que “ahí adentro hay secretividad”. Según la legisladora, quien ha solicitado en numerosas ocasiones información de los beneficiarios, la decisión para hacer públicos los datos no depende de la gente pues son favorecidos por un programa cuyos recursos son del Estado.
En esto coincide Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana, para quien esto es una clara falta de voluntad política. El problema, según él, no es de la encuesta, pueden hacer las que quieran, sino que pretendan hacer que la encuesta sea superior a la ley. “Desde que un beneficiario accede a ingresar a un programa público pasa a ser parte de una base de datos publica necesaria para fiscalizar”.
A criterio de Urízar, la credibilidad del censo realizado por MFP queda invalidada al intentar tomarla como una fuente de decisión pública, además de querer supeditarla a la resolución de la CC. “Los obligados a decidir la calidad de transparencia son los funcionarios, no los beneficiarios, si ellos no quieren ser transparentes que lo asuman y no le echen la culpa al ciudadano”, indicó.
Roxana Baldetti, del Partido Patriota también le quita toda la credibilidad a estas cifras que a su criterio “fueron hechas a la medida de la Primera Dama”. “Que nos den los números de cédula y será problema de nosotros verificar dónde viven”, dijo en alusión a las palabras de la primera dama, Sandra Torres de Colom, respecto a la falta de direcciones de las familias que “apenas tienen vivienda”.
Édgar Rosales, vocero del Consejo de Cohesión Social indicó que los beneficiarios tienen el derecho de gozar del beneficio de confidencialidad que contempla el Artículo 30 de la Constitución, y que nada está al margen de la ley.
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