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    Guatemala, viernes 31 de julio de 2009

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    OPINIÓN

    El caso de Ríos Montt, el caso de Sandra Torres

    Juan Luis Font

    El país va de nuevo rumbo a una situación semenjante a la del candidato del FRG en 2003.

    En 2003, cuando Efraín Ríos Montt era presidente del Congreso y líder indiscutido del partido de gobierno y todo su entorno veía aquella como la única oportunidad real para convertirlo en candidato presidencial pese a que la Constitución le prohibía participar, el país vivió su segunda crisis política más grave de la era democrática.

    El Frente Republicano Guatemalteco entendió que era indispensable controlar las cortes más altas. Sobre todo, lograr la mayoría en la Corte de Constitucionalidad.

    Por absurdo que parezca, aquella corte produjo una especie de golpe de Estado. Aceptó la candidatura de Ríos Montt, después de que el país vivió una tensión sólo vista en los peores momentos de la guerra interna.

    El corolario de esta historia es demasiado conocido para repetirlo. Ríos Montt fue candidato y perdió y con su derrota se inauguró el fin de su longeva carrera política (con cierto alivio para él, creo yo). Y no es que al líder máximo del FRG le quedara una gran reserva de vivacidad en su cuerpo.

    Una acción ilegal terminó siendo de beneficio a largo plazo para el país, aunque en primera instancia supuso un desafío de gran envergadura para la democracia.

    El país va de nuevo rumbo a una situación semejante. La aspiración de la pareja presidencial de mantener el poder más allá del 14 de enero de 2012, bien podría colocar a Guatemala en una realidad muy parecida a la que se vivió en 2003.

    El propio Presidente y su esposa piensan que sus probabilidades reales de obtener un nuevo triunfo electoral son muy altas. Se trata de una situación distinta a la que enfrentaba Ríos Montt.
    Sus subordinados empiezan a alentarlos. El nuevo Procurador General de la Nación ya ha adelantado criterio y se ha puesto a las órdenes del proyecto que transgrede el espíritu de la Constitución basándose en argumentos de forma. En 1985, los constituyentes decidieron impedir la reelección por todos los medios a su alcance, incluso vedando la candidatura de los parientes cercanos al gobernante, y buscaban también impedir que los fondos públicos, –inveteradamente abusados con fines de continuidad– supusieran una ventaja insalvable a favor de los oficialistas.

    Lejos de debilitarse, lo más probable es que una candidatura de Sandra Torres en 2011 –y su eventual derrota– le permita competir luego en 2015 con serias posibilidades de ganar. Pero indefectiblemente su participación afectaría el próximo proceso electoral. Sostengo que es casi imposible que un candidato oficialista gane unas elecciones presidenciales, por muy amañado que sea el proceso, por mucho clientelismo electoral que se ponga en práctica y por muy generosos que sean los aliados que encuentre entre los contratistas del Estado. Pero sin duda la experiencia le acarrearía una inestabilidad y unos cuestionamientos al propio sistema, indeseables para el país. El intento de reelección supone unos riesgos que no se equiparan con los improbables beneficios de mantener por ocho años al mismo equipo en el poder. Sobre todo porque su proyecto político no encarna grandes cambios para el país.

    Peor aún sería que la esposa de un presidente en funciones ganara la elección. Los opositores tendrían razones para desacreditar el proceso eleccionario y el sistema, de estabilidad precaria de por sí, se vería muy deteriorado.

    Lo más sano para el país es que Sandra Torres espere cuatro años para convertirse en candidata. Que concluya el período para el cual fue electo su marido demostrando convicción y capacidad de ejecución. El partido oficial le pertenece y sin duda, estará esperándola para hacerla más tarde su candidata. Y las ayuditas que reúne en estos tiempos también la habrán de esperar. 

    Juan Luis Font

    30 julio 2009

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