La oposición debe fiscalizar y ejercer contrapesos pero no utilizar mecanismos para entrampar.
Ana Lucía Blas
En los últimos meses, la agenda del Congreso de la República ha tropezado con serias dificultades para avanzar. La polarización política ha aumentado este año en ese organismo, sin que al momento se hayan tomado medidas para revertirla. Como consecuencia de ello, importantes iniciativas de ley se han quedado en lista de espera (en materias clave de seguridad, justicia, desarrollo rural y otras).
Aunque la calidad del trabajo del Legislativo no se refleja necesariamente en el número de decretos que se aprueben –cabe resaltar que hay comisiones responsables con su trabajo– muchas normas urgentes para el país han quedado relegadas. La agenda que la CICIG sugirió el año pasado para fortalecer el sistema de justicia, que incluye reformas a las leyes de Amparo y contra la Delincuencia Organizada, es sólo un ejemplo de la normativa no emitida.
La discusión se ha entrampado en la aprobación de varios préstamos, la emisión de bonos y la modernización fiscal que el Ejecutivo ha urgido para financiar parte del presupuesto actual. El Presidente de la República, con un bloque legislativo cada vez más reducido, ha cabildeado a favor de esos proyectos. Se reunió con representantes de bloques “aliados” (Gana, FRG, PU y Bancada Guatemala); y con grupos minoritarios que en algún momento han apoyado iniciativas oficiales. Pero sus más grandes opositores, el Patriota y Lider, no han participado en ninguna reunión.
Esa actitud ha tenido consecuencias. Recién se afirmaba que se contaba con los votos necesarios para aprobar varias de aquellas iniciativas; sin embargo, el PP, valiéndose de tácticas parlamentarias, logró evitar su discusión. Ese comportamiento tampoco es de aplaudir, ya que si bien la UNE no ha intentado el diálogo con ellos buscando puntos de convergencia, esto no significa que sólo el partido de gobierno sea responsable del destino del país, y si este no se acerca para escucharlos, en un marco de respeto y tolerancia, deberían hacerlo ellos.
La oposición debe fiscalizar y ejercer contrapesos, pero no utilizar esos mecanismos para entrampar proyectos esenciales. De ahí la importancia de que se concrete la reunión entre el líder del PP, Otto Pérez Molina, y Colom para definir conjuntamente una agenda prioritaria. Eso sí merecería el aplauso de la opinión pública.
Hay que recordar que la falta de acuerdos, en última instancia, la paga el pueblo. A ningún partido que espere llegar al poder le conviene recibir un país con más pobreza y exclusión, y con una violencia y delincuencia imparables. Para lograr la gobernabilidad, en un presidencialismo multipartidista como el nuestro, las negociaciones, el diálogo y los acuerdos son vitales. Es urgente que los bloques legislativos se esfuercen por encontrar puntos de convergencia y que definan una agenda que ayude al país a superar sus problemas, por lo menos los más urgentes.
Ejemplo de que cuando hay denominadores comunes sí se pueden lograr avances, son las leyes de Armas y Municiones, de Comisiones de Postulación, y la ratificación de la prórroga del mandato de la CICIG. El Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia asigna varios compromisos al Congreso; en él, los bloques pueden encontrar puntos de entendimiento, e impulsarlos con fuerza para asegurar su cumplimiento.
El Legislativo es el máximo órgano de la democracia representativa, con un rol importantísimo para la gobernabilidad y la estabilidad políticas. Alguien con visión estratégica nacional tiene que ceder y pronto.
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