Economía y Justicia: La crisis financiera un año después

NUEVA YORK – Ahora, hace casi un año desde que la economía mundial se tambaleó al borde de la catástrofe. En el lapso de 3 días, del 15 al 17 de septiembre de 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra, el Gobierno de Estados Unidos tuvo que hacerse cargo de la enorme compañía de seguros AIG y el debilitado icono de Wall Street, Merril Lynch, fue absorbido por el Banco de América con un acuerdo intermediado y financiado por el Gobierno de EE.UU. A continuación se produjo el pánico y el crédito dejó de circular. Las empresas no financieras no conseguían capital de explotación y mucho menos aún financiación para inversiones a largo plazo. Una depresión parecía posible.

Hoy la tormenta ha amainado. Meses de adopción de medidas de emergencia por los principales bancos centrales impidieron la quiebra de los mercados financieros. Cuando los bancos dejaron de facilitar liquidez a corto plazo a otros bancos y a empresas industriales, los bancos centrales colmaron esa laguna. A consecuencia de ello, las mayores economías se libraron de un colapso del crédito y de la producción. La sensación de pánico se disipó. Los bancos están prestándose de nuevo.

Aunque se evitó lo peor, persiste mucho sufrimiento. La crisis culminó en un desplome de los precios de los activos al final de 2008. Las familias de clase media y adineradas de todo el mundo se sintieron más pobres y, por tanto, redujeron sus gastos radicalmente. Unos precios del petróleo y de los alimentos por las nubes contribuyeron al sufrimiento y, por tanto, a la contracción. Las empresas no podían vender su producción, lo que provocó reducciones de la producción y despidos. El aumento del desempleo agravó la pérdida de riqueza de las familias, lo que las colocó en una situación económicamente muy peligrosa y propició más reducciones del gasto de consumo.

Ahora, el gran problema es el de que el desempleo sigue aumentando en Estados Unidos y Europa, porque el crecimiento es demasiado lento para crear suficientes puestos de trabajo nuevos. Se siguen sintiendo dislocaciones en todo el mundo.

A continuación ha habido un intenso debate sobre el llamado “gasto para el estímulo” en EE.UU., Europa y China. El gasto para el estímulo va encaminado a utilizar mayores desembolsos o incentivos fiscales gubernamentales para compensar el descenso del consumo de las familias y de la inversión empresarial. En EE.UU., por ejemplo, una tercera parte, aproximadamente, de los US$800 millardos del plan de estímulo de 2 años comprende reducciones fiscales (para estimular el gasto en consumo): una tercera parte son gastos públicos en carreteras, escuelas, energía eléctrica y otras infraestructuras y otra tercera parte reviste la forma de transferencias federales a los gobiernos estatales y locales para la atención de salud, el seguro de desempleo, los salarios en las escuelas y demás.

Los planes de estímulo son polémicos, porque aumentan los déficits presupuestarios, por lo que entrañan la necesidad de reducir el gasto o subir los impuestos en el futuro inmediato. Lo que hay que preguntarse es si logran aumentar la producción y los puestos de trabajo a corto plazo y, en caso de que sí, si son suficientes para compensar los inevitables problemas presupuestarios que habrá más adelante.

La verdadera eficacia de esos planes no está clara. Supongamos que el Gobierno ofrezca una reducción fiscal para aumentar la paga que llevan a casa los consumidores. Si estos esperan que sus impuestos suban en el futuro, pueden decidir ahorrar la reducción fiscal en lugar de intensificar el consumo. En ese caso, el estímulo tendrá poco efecto positivo en el gasto de las familias, pero empeorará el déficit presupuestario.

Una evaluación temprana de los planes de estímulo indica que el programa de China ha funcionado bien. El abrupto descenso de las exportaciones de China a EE.UU. ha quedado compensado con un pronunciado aumento del gasto del Gobierno chino en infraestructuras: en construcción de metropolitanos, pongamos por caso, en las mayores ciudades de China.

En EE.UU., el veredicto es menos claro. Probablemente se haya ahorrado la reducción fiscal, en lugar de gastarla. Aún no se ha gastado el componente de infraestructuras por culpa de los largos lapsos que ha requerido la conversión del plan de estímulo de EE.UU. en verdaderos proyectos de construcción. La tercera parte –la transferencia a los gobiernos estatales y locales– casi con toda seguridad ha dado resultado para mantener el gasto en escuelas, salud y los desempleados.

En una palabra, los efectos del estímulo de EE.UU. probablemente hayan sido positivos, pero pequeños, y no hayan tenido un efecto decisivo en la economía. Además, la preocupación por el enorme déficit presupuestario de EE.UU., que ahora asciende a US$1.8 billones (el 12 por ciento el PNB) por año, ha de aumentar, lo que no sólo creará enormes incertidumbres en la política y en los mercados financieros, sino que, además, socavará la confianza de los consumidores, cuando las familias centren su atención en posibles reducciones presupuestarias y aumentos de impuestos futuros. EE.UU. ha llegado prácticamente al límite de capacidad en materia de gasto para estímulo a corto plazo y necesitará empezar a reducir el déficit presupuestario y fomentar vías sustitutivas hacia el crecimiento.

Cuando la crisis se intensificó al máximo hace un año, Barack Obama introdujo en la campaña presidencial el tema de una “recuperación verde”, basada en un incremento pronunciado de la inversión en energías renovables, nuevos vehículos eléctricos, edificios “verdes” medioambientalmente eficientes y agricultura ecológicamente racional. En el calor de la batalla contra el pánico financiero, las políticas no estuvieron centradas en esa recuperación verde.
Ahora EE.UU. necesita volver a abordar esa importante idea.

Los consumidores de EE.UU. y Europa, agobiados por las deudas, limitarán el gasto en años futuros mientras reconstruyan su riqueza y sus activos de planes de jubilación, pero la atonía económica resultante nos brinda la oportunidad –y necesidad– histórica de compensar el bajo gasto de consumo con un mayor gasto de inversión en tecnologías sostenibles.

Las políticas gubernamentales de EE.UU. y otros países ricos deben estimular esas inversiones mediante incentivos especiales. Entre ellos figuran el sistema de límites máximos e intercambio de emisiones de gases que producen el efecto de invernadero, subvenciones para investigación e innovación en materia de tecnologías sostenibles, aranceles de conexión e incentivos reguladores para la energía renovable, subvenciones a los consumidores y otros alicientes para la adopción de nuevas tecnologías “verdes” y la aplicación de programas “verdes” de infraestructuras, por ejemplo, el transporte colectivo.

El mundo rico debe brindar también a los países más pobres subvenciones y préstamos con bajo interés para que compren tecnologías energéticas sostenibles, como, por ejemplo, centrales de electricidad solar y geotérmica, con lo que contribuirían a la recuperación mundial, mejorarían la sostenibilidad medioambiental a largo plazo y acelerarían el desarrollo económico.

La crisis puede ser aún una oportunidad para pasar de una vía de burbujas financieras y consumo excesivo a otra de desarrollo sostenible. De hecho, la de aprovechar esa oportunidad es la única receta para el crecimiento genuino que nos queda.

© Jeffrey D. Sachs es profesor de Economía y director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia.
© Project Syndicate 1995–2009.

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