Guatemala sin norte

Esperemos que el Congreso de la República, ahora que ya cuenta con los listados para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados a las Cortes de Apelaciones, elaborados por las Comisiones de Postulación, tengan el tino suficiente para seleccionar a aquellos abogados y notarios –honrados y dignos– que no han sido señalados de obstaculizar, retardar, eludir y negar la justicia desde los cargos que han ejercido. De nuevo, hubo candidatos a ser postulados que obtuvieron altas calificaciones en la evaluación realizada, que de nada les sirvió pues los postulantes votaron inclusive por abogados y notarios que tenían bajas calificaciones. Este será uno de los temas a ser tratados para reformar la recién estrenada Ley de las Comisiones de Postulación. Si el país no empieza por depurar y hacer efectivo el sistema de justicia no empezaremos por atizar el norte del desarrollo nacional. Y vaya que Guatemala necesita encontrar ese norte, pues parece que navega sin brújula y sin condiciones de enfrentar el vendaval de la crisis económica, social, política y cultural que la atormenta.
Me parece que los grupos de interés económico y político, desde los grandes magnates hasta los vinculados al contrabando y al crimen organizado, pasando por obscuros funcionarios del Estado o de sus entidades descentralizadas y/o autónomas, no pueden continuar influyendo para colocar a sus “jueces” en las máximas cortes de justicia del país. Dicho proceder no nos llevará nunca a tener un Estado de derecho, en donde prevalezca un pacto social que nos permita convivir civilizadamente. La falta de funcionamiento del actual sistema de justicia queda evidenciada por lo dicho por el jefe de la CIGIG, Carlos Castresana, en torno a que únicamente el 2 por ciento del total de los juicios concluyen con una sentencia. Por ello, es menester pensar en una forma alternativa de elección de los magistrados a esas cortes, en la que se privilegie las actuaciones de los jueces a lo largo de su carrera profesional y laboral, enmarcados dentro de una carrera judicial, llevada en serio.

En un país en donde las leyes existentes no son respetadas y que los propios jueces no las hacen cumplir, resulta utópico pensar que dicha nación podrá enveredarse por el sendero del bienestar y el desarrollo. Además, los jueces deben brindar resoluciones prontas y apegadas al derecho. No han sido pocas las quejas de muchos ciudadanos que protestan, precisamente porque las resoluciones se demoran años y que la justicia no sólo tarda en llegar, sino que quizá nunca llegue.

Otro elemento a ser considerado es la forma de elección y de transparencia del origen de los financiamientos de las campañas de los candidatos a ser representantes de los gremios profesionales, no solamente aquellos vinculados a las Comisiones de Postulación sino a las diversas juntas directivas que deben integrar organismos del Estado, entidades descentralizadas o autónomas que por mandato constitucional o por las leyes orgánicas de las instituciones deben convocarse. Ese llamado de la sociedad a la transparencia es una necesidad en nuestro país, que pareciera no tener norte en este su viaje al siglo XXI.

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