¿Concluirá algun día esta guerra? (I de II)

Hubo momentos, durante la crisis centroamericana de los años setenta y ochenta del pasado siglo, que la larga noche de violencia parecía no tener fin. Gracias a la determinación de diversos actores nacionales y extra regionales, a mediados de los años ochenta la luz comenzó a vislumbrarse al final del túnel. De esa suerte, como resultado de la concertación de diversos acuerdos para el cese de los conflictos armados, a la vuelta de diez años los cañones se silenciaron en toda el área.

Sin embargo, la ilusión de la paz duró poco. A la sombra del conflicto político-militar se había incubado un cáncer letal: el del crimen organizado, que con facilidad se vinculó al transnacional. Aprovechando el crónico raquitismo institucional del país, este nuevo “actor” penetró con facilidad diversos ámbitos del Estado y de la sociedad. Una de sus expresiones “más refinadas” es el narcopoder (derivado del multimillonario tráfico ilícito de drogas, lavado de dinero y trasiego de armas, entre otras manifestaciones).

La incidencia del accionar de este poder es abrumadora. Así lo confirman de manera diversa las noticias de todos los días. Desde su tratamiento, muy formal, en cumbres presidenciales de todo tipo, pasando por fallidos cateos, con gran despliegue de fuerzas, de personajes notorios, señalados por la DEA de estar involucrados en el narcotráfico, la captura de autoridades policíacas implicadas en el robo de droga o incautación de dinero sucio, o la detención en el aeropuerto de personas que intentaban viajar con cantidades ingentes de dólares no declarados, hasta los ajustes de cuentas entre bandas que luchan por territorios y mercados.

Es de estos días la noticia sobre la inclusión, por parte del Gobierno de EE.UU., de Guatemala en el listado de los 12 países latinoamericanos utilizados para el trasiego de drogas. En una nota de Prensa Libre (17.09.09, p.10) se afirma que la oficina de asuntos centroamericanos del Departamento de Estado “ha establecido que los altos niveles de violencia en países como Guatemala se deben al narcotráfico, y por tanto, a la demanda de drogas en ese país norteamericano” (subrayado nuestro). Es claro que si a lo largo de los últimos 35 años este país no se hubiera convertido en el principal consumidor de drogas, la oferta de las mismas no habría alcanzado sus niveles actuales, por lo que seguramente los niveles de violencia en el nuestro serían mucho menores.

 Por consiguiente, es pertinente preguntarse: ¿a quién compete la mayor responsabilidad en el combate del narcotráfico? Si bien en la actualidad se habla del “problema mundial de la droga”, la respuesta espontánea, por lo menos en el caso de Guatemala, es que la misma debería competer, en primer lugar, al Estado y a la sociedad estadounidense. Y no sólo por ser el mayor mercado consumidor, sino por todos los negocios ilegales que florecen a su amparo: lavado de dinero por prestigiosos bancos de dicho país, millonarios negocios inmobiliarios, comercio floreciente de armas, contrabando de vehículos, trata de personas, etcétera.

Sin embargo, la realidad es otra. El Estado guatemalteco, que debería destinar sus escasos recursos al pago de la histórica deuda social, debe asignar parte de los mismos al combate del tráfico de drogas y sus secuelas. Pero esta lucha es desigual, no sólo por la insuficiencia de fondos y las limitaciones de recursos humanos y técnicos especializados, sino por la sofisticada organización de este poder transnacional –mayor infraestructura tecnológica, armamento de superior capacidad ofensiva, contrainteligencia más efectiva, enquistamiento en diversos niveles y sectores del Estado y la sociedad, pero sobre todo disponibilidad de dinero sin límites, en un contexto de corrupción e impunidad–. (Continuará)

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