¿Elecciones sin garantías?

En la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala existía una norma que prohibía cualquier suspensión de garantías a lo largo de todo el proceso electoral. En otras palabras, desde su convocatoria hasta la adjudicación de los cargos en disputa. No existía norma alguna, sin embargo, que declarara la nulidad de los comicios para el caso de que la prohibición fuera violada, pareciendo así que le faltaban dientes a la ley.

Aquella norma fue derogada y en sustitución suya se introdujo una de redacción más “benévola”, estableciéndose que si durante el proceso electoral se decreta un estado de excepción –esto da por hecho, en consecuencia, que las garantías sí pueden suspenderse– proveerá la Ley de Orden Público para que no afecte el proceso electoral. La reforma data de 2004, pero hasta la fecha no se ha dado ningún cambio en la Ley de Orden Público para hacer efectivo ese mandato.

La norma que rige en Honduras, por el contrario, es una norma expresa y contundente y, así, declara nulas las elecciones que se celebren encontrándose las garantías en suspenso.
El gobierno de Honduras ya ha debido recurrir a la suspensión de garantías en pleno proceso electoral, pero dada la norma hondureña, ninguna incidencia ha tenido aún en los comicios. Sin embargo, el peligro es latente y habrían de hacerse cuantos esfuerzos sean necesarios para evitar que una situación de tal carácter pudiera prolongarse hasta el día en que estos se celebren.

A estas alturas resulta difícil escoger entre el desconocimiento del proceso electoral de Honduras –lo que implica dejarlo sin observación internacional ninguna– o su alternativa, que es someterlo, por el contrario, a la observación más rigurosa. La primera busca evitar que se convalide cualquier situación de hecho y resulta congruente con aquellos que sostienen que fue ilegítima la separación del presidente Zelaya del ejercicio del poder –el extrañamiento de que fue víctima abona esta teoría–. La segunda busca no cerrar caminos para que la crisis pueda superarse y se sustenta –fundamentalmente– en que las elecciones ya se habían convocado cuando los hechos ocurrieron, que lo había hecho precisamente la autoridad llamada a hacerlo: el Tribunal Supremo Electoral, y que es esta misma autoridad, cuya legitimidad no es cuestionada, la única que dirige y fiscaliza el proceso electoral.

La norma que existía anteriormente en nuestro Derecho parecía la norma ideal, aún cuando le faltaran dientes, puesto que –la verdad de las cosas– es sumamente difícil pensar en un proceso electoral cuando, suspendido o limitado el ejercicio de las garantías ciudadanas, de derechos tales como el de libre expresión del pensamiento, por ejemplo, ¿acaso es concebible una campaña electoral sin libertad para expresarse? pero tenía el inconveniente de que, de hecho, pueden acaecer acontecimientos de tal magnitud –incluidos posibles desastres naturales– que hicieran necesario un estado de excepción. Con la norma anterior, el Estado se encontraba limitado de pies y manos y, ocurriera lo que ocurriera, no podía decretarlo, so pena de perjudicar todo el proceso electoral. La norma actual supera aquella situación pero no se preocupó por garantizar que las garantías que le son propias a tal proceso electoral no sean perturbadas.

Suspensión de garantías y proceso electoral no hacen buena yunta e independientemente de lo ocurrido en Honduras con la separación del presidente Zelaya del ejercicio del poder, debería de existir la más seria de las preocupaciones por la sanidad de este proceso –preocupación común a todos– puesto que, al final de cuentas, podría ser –al menos en el orden constitucional vigente– la única salida a la crisis institucional en que se encuentra y que afecta –para mal– no sólo a Honduras, sino a toda Centroamérica.

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