Cuando Philip Alston, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas en materia de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias visitó Guatemala en 2006, concluyó que “Guatemala es un buen país para cometer asesinatos”.
La frase lapidaria no fue una exageración y el panorama ha tendido a empeorar: cada día hay más gente armada, ya sea para defenderse o para delinquir. Por cada arma registrada hay por lo menos otras dos que circulan en forma ilegal.
La violencia se ha convertido en la principal preocupación de los guatemaltecos: las tasas de homicidios son las más altas de los últimos 20 años y se estima que hoy mueren más personas que durante el conflicto armado interno.
La proliferación de armas está en el centro de esta problemática: 90 por ciento de los homicidios se comete con arma de fuego. El otro factor decisivo es la impunidad: más del 97 por ciento de casos queda sin resolver. Con 43 millones de municiones vendidas anualmente y más de 260 mil armas en manos de particulares podemos afirmar que el país está armado hasta los dientes.
Así, un creciente acceso a las armas, sumado a la impunidad casi absoluta de los crímenes perpetrados con ellas, son la peligrosa ecuación que los guatemaltecos sortean cada día al salir de sus casas. El resultado es una atmósfera de terror permanente y la consolidación de una cultura de muerte.
En palabras de Philip Alston: “Esa impunidad, esa falta de investigación y la falta de condenas hacen que casi todas las muertes violentas sean responsabilidad del Estado”. En torno al comentario de Alston, hay que resaltar lo poco que nuestra sociedad ha debatido el tema del control de armas, pasando por alto que sin una drástica reducción del acceso a armas de fuego, poco podrá hacer el sistema de justicia para detener la violencia.
La vigencia de la nueva Ley de Armas y Municiones ha arrojado alguna mejora en el panorama: desde su vigencia cerca de tres mil armas ilegales han sido decomisadas. Sin embargo, el comercio ilícito sigue floreciente. Recientemente, los diarios reportaron la existencia de un “corredor” de contrabando de armas en el oriente del país.
Mucha gente cree que armándose resolverá el problema de la inseguridad. De hecho, la principal respuesta ciudadana al problema ha sido precisamente ese: crear guetos de “seguridad”, armarse, contratar guardaespaldas. Lo cierto es que la proliferación de armas no ha mejorado ni la situación de la seguridad ciudadana, ni ha reducido el número de muertes. Todo lo contrario.
Es hora de reconocer que hemos tomado el camino equivocado. Emprendamos acciones para eliminar las armas. Debemos exigir que el Estado cumpla con su función de combatir la tenencia y portación de armas ilícitas, así como el tráfico de las mismas. Comprometámonos a cambiar esta cultura de muerte por una de vida y de paz.
Agregar comentario:
22 comentarios: