La Comisión de Economía del Congreso unificará las propuestas existentes para elaborar una ley de fideicomisos.
Lorena Álvarez
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la estafa de Q340 millones al Instituto Guatemalteco de Seguri-dad Social (IGSS) se produjo con un fideicomiso inmobiliario.
Cifra
Q6 millardos del presupusto nacional se ejecutan a través de fideicomisos en bancos del sistema los cuales son poco fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
La falta de regulación específica para la ejecución de recursos estatales vía fideicomisos constituidos en los bancos preocupa a los legisladores que se proponen unificarlos en un registro y mejorar los mecanismos de fiscalización.
A la fecha existen tres iniciativas de ley que se unirán en un solo proyecto que llegará al pleno el próximo año, indicó Mariano Rayo, presidente de la Comisión de Economía del Congreso. Con el apoyo de un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante noviembre se formulará la nueva iniciativa.
Los fideicomisos con recursos estatales se crean con criterios del Código de Comercio que establece los lineamientos para que funcionen los fideicomisos privados, dijo Rayo. “No se busca quitar esta figura que le da agilidad a la ejecución presupuestaria, pero sí dar mejores criterios de fiscalización y regulación”, agregó.
Sin registro
Nineth Montenegro, una ponente de la iniciativa, critica la falta de una ley para regular la creación de los fideicomisos públicos así como de controles por parte del Ministerio de Finanzas Públicas para verificar su ejecución.
Según la diputada, el Gobierno central da cuenta de 48 fideicomisos vigentes, la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) señala que son 90 y las autoridades bancarias incluyendo los constituidos por las municipalidades contabilizan 105.
Montenegro afirma que bajo fideicomisos se ejecutan cerca de Q6 millardos del presupuesto con poca fiscalización por parte de la CGCN y del Congreso.
Al darle transparencia al manejo de los fideicomisos públicos los ciudadanos podrán conocer cómo y dónde se invierte esa parte del presupuesto del Estado, opinó Pedro Prado, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
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