Cohesión Social dice que la CC indica que entregar estos datos a los fiscalizadores forma parte de una opinión consultiva y no es una resolución vinculante.
Alejandro Pérez
La solicitud que la Contraloría General de Cuentas (CGC) le hiciera al programa Mi Familia Progresa la semana pasada para tener acceso al universo de datos de los beneficiarios de las transferencias condicionadas encontró respuesta en un documento en el que se incluían todos los datos, con excepción del número de cédula.
El contralor, Carlos Mencos, explicó que debido al tamaño del archivo, sólo lo han recibido en versión electrónica, y se incluyen los nombres de las personas, y algunos datos sobre su ubicación, pero en la petición se pidió también que se incluyeran las identificaciones.
Aunque abogados de la CGC consideran que ya hay motivos suficientes para recurrir a un amparo contra el programa coordinado por el Consejo de Cohesión Social (CCS) por las negativas, Mencos señaló que tiene previsto agotar primero la vía administrativa antes de usar acciones legales.
La imposibilidad de tener estos datos ha provocado quejas en diputados opositores, quienes alegan que en una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad (CC) se indica que las entidades fiscalizadoras pueden conocerlos. El argumento del Consejo había sido que el único ente fiscalizador es la Contraloría.
Sin embargo, Édgar Rosales, vocero del CCS, expresó ayer que no se trata de una resolución, sino una opinión consultiva, no vinculante de la CC, y no fue por error que se reservaron estos datos para la Contraloría, sino para proteger la confidencialidad de los beneficiarios, y aún si fuera una orden, la CC debería explicar la forma de cumplirlo para no violar el Artículo 30 de la Constitución.
El CCS lleva a cabo una consulta entre los beneficiarios, sostiene que los diputados sólo pueden recibir los números de cédula de quienes autorizan su publicidad. La CGC recibió esta información sólo de los habitantes del lugar seleccionado para el muestreo de la auditoría.
A criterio de Alejandro Urízar, director de Acción Ciudadana (AC), la actitud del Consejo “es una necedad” que se ha basado en interpretaciones sobre la opinión de la CC en búsqueda de la opacidad. Según Urízar, ya se agotaron los argumentos, y lo único que queda es que el Contralor interponga un recurso ante la Corte. “En AC aplaudiríamos esa medida”, agregó.
La postura de la organización sobre el tema es que los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son confidenciales, pero luego esta institución los entrega al CCS y se convierten en datos públicos de personas que reciben recursos del Estado.
El Contralor explicó que la Contraloría busca que haya un equipo que se enfoque de forma exclusiva en la fiscalización del programa. La CGC tiene previsto contratar unas 60 personas para cumplir con este objetivo.
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