Apenas acaban de instalarse en sus nuevas oficinas, pero los magistrados recién electos a la Corte Suprema de Justicia deben poner manos a la obra y empezar a trabajar en reformar el sistema.
Si no lo hacen, acabarán engullidos por la mugre y su paso por el Organismo Judicial será igual al de tantos otros: un desperdicio de tiempo, una oportunidad perdida y una decepción más para los guatemaltecos.
Igual que sucede en el Organismo Ejecutivo, en el Judicial hemos visto un desfile de personajes que llegan con buenas intenciones pero luego terminan paralizados, neutralizados o con la cola machucada.
Por esa razón, resulta vital que los buenos elementos que hay en la Corte se muevan rápido para sentar en los próximos días las bases del trabajo que desarrollarán en los próximos años.El primer reto que tienen ante sí los magistrados radica en elegir dónde quieren enfocarse. La administración de justicia se encuentra en estado calamitoso. Como en todas las otras dependencias del Estado, las necesidades abundan pero los recursos escasean, más ahora que los vendavales de la crisis azotan con violencia el caudal del tesoro público. En semejantes condiciones, resulta vital establecer prioridades, pues ni el tiempo ni el dinero permitirán hacer todo lo que hace falta.
Si los magistrados aceptan sugerencias, yo les sugeriría un desafío que puede parecer sencillo pero que en realidad entraña una gran complejidad: garantizar que en el Organismo Judicial labora nada más el personal idóneo.
En términos operativos –y aparentemente simples– ello significa reorganizar el departamento de Recursos Humanos para asegurarse que: 1) el reclutamiento del personal se hace con los criterios adecuados; 2) que toda la organización en sus diferentes niveles recibe continuamente la capacitación necesaria para ejercer bien sus funciones; 3) que la evaluación del desempeño de todos los elementos es sistemática, justa y se orienta a la búsqueda de la excelencia; y 4) que las sanciones o avances de cada empleado son coherentes con esta evaluación rigurosa.
Para lograr un cambio de esta magnitud no basta con volver a escribir las políticas de contratación y presentarle a la sociedad y a los cooperantes un nuevo manual de puestos y funciones. Esta reforma requiere de una importante dosis de voluntad política, de integridad profesional, así como de pericia en la gestión para hacer realmente una diferencia sustantiva en la administración de justicia.
Como primer paso, los magistrados deben renunciar a convertir a la Corte Suprema de Justicia en la Corte Soberbia de los Trece de Turno, donde cada uno de ellos llega a convertirse en un alcalde de pueblo que se da ínfulas de sangre real y se dedica a repartir empleos entre sus amistades y parentela.
Durante demasiados años ha sido práctica común que los magistrados repartan las plazas de tribunales a su séquito de “recomendados”, en detrimento de quienes tienen la mejor capacitación y la mayor experiencia, no digamos de quienes incluso han demostrado interés y vocación.
Establecer políticas claras para que el reclutamiento y el desarrollo de la carrera judicial significaría para tribunales un avance mayúsculo pero no basta. Los magistrados también deben garantizar que el Organismo Judicial cuenta con un sistema de información actualizado y veraz para tomar decisiones fundamentadas.
Este debería permitirles conocer datos elementales que hoy por hoy son un gran misterio, como por ejemplo, cuántos procesos hay en cada tribunal y en qué etapa se encuentran (increíble pero ni los mismos jueces saben esto ni cuántos de los expedientes que están en sus archivos han caducado para efectos prácticos).
Con base en datos técnicos y por lo mismo, inobjetables, los magistrados podrían no sólo saber cuántos tribunales realmente necesita el país (y por lo mismo, cuántos hace falta crear), sino medir la eficiencia de los juzgados e identificar quiénes trabajan bien y quiénes son negligentes.
La primera consecuencia de esto es que se podría depurar a los jueces haraganes, entre quienes, apuesto, ha de haber muchos corruptos porque el vicio en las personas, como la virtud, suele ser integral. Y así volvemos también a la idea medular: garantizar que en el Organismo Judicial están las personas idóneas. Para los haraganes y corruptos deben funcionar los coladores y las medidas disciplinarias. Para las personas correctas, inmunes a las tentaciones, recias e independientes en su criterio, dispuestas a aplicar la ley, los incentivos de la carrera judicial.
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