Ha estado pasando una serie de sucesos que bien vale la pena comentar. El país sigue lleno de problemas, comenzando con el sempiterno problema agrario y de las demandas campesinas, ahora agravado por el deterioro ambiental del país en general y de los lagos y ríos, en particular. El tema de la minería y de la inamovilidad del Estado frente a esa problemática, que no solamente es ambiental sino fundamentalmente económica y tributaria. El ya trillado y nunca resuelto problema de la reforma fiscal. Otro tema de actualidad son las propuestas de reforma constitucional, cuya mayor relevancia en su discusión y debate ha generado la propuesta de ProReforma.
En el caso de la cuestión agraria han sido los campesinos, acompañados de algunas organizaciones sindicales, académicas e inclusive religiosas que han dado la lucha para ir resolviendo este colosal problema frente al gobierno actual que no atina a enfrentar y empezar a implementar los acuerdos consensuados. En el tema minero, algunas organizaciones no gubernamentales ambientalistas y el liderazgo de monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de San Marcos, nos han alertado y concienzado de la necesidad de que el Estado y el gobierno actual intervengan para que nuestro país reciba por el valor de su patrimonio del subsuelo compensaciones razonables y que los habitantes de los municipios en los que operan las empresas mineras no carguen únicamente con las externalidades negativas o deseconomías y puedan también beneficiarse en realidad de tales emprendimientos, con las economías positivas y un bienestar material.
La contaminación de ríos y lagos de Guatemala, como el sonado caso del otrora lago más bello del mundo, Atitlán, es un enorme problema ambiental que se ha venido forjando a lo largo de varias décadas sin que el Estado ni ningún gobierno, incluido el actual, tomen las medidas de política pública que eviten el marcado deterioro ambiental que el país presenta en nuestros días. Desafortunadamente, de no ser por organizaciones ambientalistas, escasos periodistas que denuncian lo que acontece o ciudadanos cosncientes de estos problemas, nadie estaría dando la lucha. Lo grave de lo anterior, es que de acuerdo a la Constitución Política de la República le corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala hacer los estudios y análisis que le permitan plantear propuestas de solución a los problemas nacionales.
En este contexto y frente a una tradición arraigada históricamente, extraña sobremanera el silencio cómplice de las actuales autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas sobre la mayoría de los temas tratados. No ha habido ningún pronunciamiento público de nuestra querida casa de estudios superiores sobre la problemática agraria, sobre el tema minero y ambiental, en torno a las propuestas de reformas constitucionales y fiscales. De no ser por los escritos de los profesores investigadores Alfonso Bauer Paiz y Jorge Murga del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) y de algunos de los investigadores del Departamento de Estudio de Problemas Nacionales “Rafael Piedrasanta Arandi”, nuestra casa de estudios estaría literalmente muda. ¿Qué piensa y qué opina de todo ello nuestra honorable Junta Directiva y nuestro distinguido Decano, miembro titular de la Junta Monetaria, sobre todos estos temas?
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