Los delincuentes actúan contra las autoridades.
Silvia Tejeda
Cuando los delfines saltan, los arpones caen. Reza un dicho oportuno para ejemplificar cómo la criminalidad no deja espacio a los guatemaltecos y a sus instituciones cuando de aplicar la justicia a sus miembros más influyentes se trata. Estamos presenciado dos escenarios en los que después de que la justicia guatemalteca en algún aspecto, “le ha quitado el agua al pez”, es decir, le sigue las huellas en el camino acertado a los actores intelectuales del crimen de Rosenberg y les ha reducido el poder dentro de las cárceles a los narcotraficantes, su reacción se torna implacable e incontenible, sacrificando a más guatemaltecos para aplacar, intimidar y someter a los demás implicados cuyo trabajo es hacer que la justicia se cumpla. Qué sanguinario se ha tornado el camino de retomar nuestros derechos del respeto a la vida.
En el caso Rosenberg, sólo recordemos cómo se actuó, se mataron y se exiliaron investigadores y fiscales del MP en los crímenes de Myrna Mack y Juan Gerardi. La reciente muerte del señor Melinton Mark Monzón Meza, un hombre joven que desempeñaba su trabajo con honradez, como oficial del Juzgado Décimo de Instancia Penal, cuya manera de asesinarlo deja muchas dudas en el ambiente, no es alejado pensar como una hipótesis valedera que fue mandado a aniquilar para ir resquebrajando y quebrando la voluntad de todos los que trabajan en la investigación del caso. Y si a eso le agregamos el momento oportuno, de que todavía las autoridades del Organismo Judicial no nombran un juez honesto e incomprable para seguir investigando el caso, las estructuras criminales de alta resonancia, desde cualquier costo, pretenden ponerle un alto a la investigación y que el caso se pierda, en la oscuridad de los tiempos como ha sucedido con tantos otros que el miedo y el olvido han enterrado.
El caso de los repetidos atentados contra el personal que labora en el sistema penitenciario y las muertes de varios inocentes, tiene otros orígenes: el narcopoder. Por tradición acostumbrados a manejar las cárceles a su antojo y a incidir en las decisiones de todo el personal carcelero y en contubernio con los altos jefes policíacos, ahora resulta que se inquietan porque les trasladaron a otra cárcel a sus miembros retenidos por la justicia. Pobre este Ministro de Gobernación que, por un lado, el sistema de justicia le exige actuar como lo manda la ley y por otro, la narcoinfluencia no acepta que se le reduzca el poder. A través de estos últimos años, desde los crímenes a los diputados salvadoreños, los guatemaltecos hemos podido comprobar cómo la Policía Nacional Civil está tomada, en un alto porcentaje, al servicio del crimen organizado y la narcoactividad. Ahora, sus jefes atrás de los ministros de turno, están inquietos y también los matan para amedrentarlos. Si usted todavía duda de las poderosas estructuras con que cuentan los criminales más influyentes, mejor piénselo.
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