Centroamérica no está saliendo bien librada de su modelo adoptado hace 25 años. La apuesta a la liberalización de sus mercados caminó de la mano de la reforma del régimen político, adoptando las formas democráticas. En todos los países se han venido celebrando elecciones con puntualidad y de una manera relativamente competitiva. Así los poderes del Estado son administrados, con alternancia, por civiles y profesionales nombrados de acuerdo a las normas republicanas.
Seguidamente, los Estados quisieron atender las tareas de seguridad y justicia a fin de ofrecer un marco de estabilidad al mercado, pensando sobre todo en la inversión extranjera en la cual se cifró la apuesta del crecimiento. Con apreciable asistencia internacional, se emprendieron reformas en los sistemas de seguridad y justicia, cuyas implicaciones eran desmontar la organización y filosofía autoritaria con la cual habían sido edificadas durante el siglo XX. Aparatos policiales librados de las fuerzas armadas; ejércitos conducidos por el poder civil democrático; órganos de persecución penal modernos y jueces independientes operando con sistemas más abiertos y dotados de mayores presupuestos, daban la base para la funcionalidad del Estado de derecho. Pero las cosas no salieron bien.
La inversión privada no concurrió en el volumen ni en la calidad que se esperaba y la apuesta a liberalizar las economías (incluyendo los tratados de libre comercio) y de promover las exportaciones, dio en los últimos 20 años un resultado modesto del crecimiento económico, apenas 2.5 por ciento promedio anual, o sea, la mitad del ritmo de expansión registrado en el período 1950/1980. Por otro lado, el aparato productivo perdió capacidad de absorción de fuerza de trabajo estable. Sólo una de cada 3 personas económicamente activas está amparada por la seguridad social y las demás garantías de los códigos laborales.
En el campo de la seguridad y la justicia, la geopolítica del crimen empeoró las cosas. La transición del modelo de seguridad y de justicia hacia el modelo democrático resultó fallido en Guatemala; en Honduras ha sido rebasado en los últimos años, en El Salvador está problematizado y la politización la está haciendo retroceder en Nicaragua. El acceso a la justicia de por sí limitado entró en una dinámica de previsible pérdida de gobernabilidad y aceleramiento de los tiempos políticos. El momento crítico se está acercando cargado de crispación y enconos. Sin embargo, la reflexión es condición para que las cosas no empeoren. Debemos revisar las inercias conceptuales y operativas.
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